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El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, así como modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, que buscan reducir los costos, el tiempo de los procesos penales, la saturación en las cárceles y resarcir el daño.

El martes pasado, durante la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el presidente Peña Nieto anunció que enviaría al Congreso de la Unión esta iniciativa.

De acuerdo con el documento, los mecanismos de solución de controversias en materia penal tienen como objetivo propiciar a través del diálogo la solución de las controversias que surjan entre los ciudadanos por la comisión de un delito, mediante el procedimiento de oralidad, economía procesal y confidencial.

“El delito es un conflicto humano y como tal en múltiples supuestos puede ser resuelto por las mismas partes que lo han vivido, prescindiendo así de la función punitiva del Estado y que tiene como consecuencia altos costos sociales”, señala en su exposición de motivos el Ejecutivo.

Para ello, el gobierno federal plantea que serán órganos especializados los encargados del desarrollo de los mecanismos alternativos que estarán al interior de las fiscalías y las procuradurías federales y estatales.

Se prevé que un “facilitador” podrá tener sesiones preparatorias previas a una sesión conjunta de procedimiento alternativo, para explicarles a las partes el mecanismo y las reglas que deben acatar durante su realización.

Las sesiones se realizarán con las partes, presentes por voluntad propia, y en su caso de auxiliares y expertos a petición de ellos. “Los intervinientes podrán recibir orientación jurídica; sin embargo, los abogados no podrán estar presentes en las sesiones”.

Todas las sesiones se basarán bajo el principio de confidencialidad, del cual se desprende que la información que surja de estos procedimientos no podría ser divulgada por los intervinientes, además de que no podría ser usada en perjuicio de las partes en un proceso penal, para que los involucrados tengan confianza de participar en ellos.

La conclusión del procedimiento alternativo se dará cuando alguno de los intervinientes revele información confidencial a los medios de comunicación; por voluntad de alguna de las partes; por la inasistencia en más de una sesión de los intervinientes, o cuando el facilitador constate que las partes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el procedimiento y se aprecie que no habrá resolución de la controversia.

Se establece que esta ley será aplicable para los delitos federales y locales dentro de los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales.

En el caso de la PGR, el impacto económico al gasto en la dependencia se estima en 310 millones de pesos, suma que considera la creación de 404 plazas, gasto de operación asociado, así como la construcción y remodelación de inmuebles para las nuevas funciones a desempeñar, de acuerdo con las estimaciones hechas por la Secretaría de Hacienda.

La PGR señala que debido a la implementación gradual de esta norma, el impacto generado por la entrada en vigor no significará en 2014 presiones de gasto para la Procuraduría, toda vez que su costo será solventado con el presupuesto propio autorizado.