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La Cámara de Diputados recibió ayer la iniciativa de reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto para desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica de todas las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, y de todas las disposiciones jurídicas.

La iniciativa —turnada de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales— prevé la creación de una nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización (UMA) que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta.

En uno de los argumentos de los artículos transitorios, establece que con la finalidad de respetar el principio de autonomía de la voluntad y con el objeto de que la presente reforma no sea retroactiva, se establece que los contratos y convenios de cualquier naturaleza que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor del decreto y que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, “no se modificarán por la UMA, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario”.

Además, la iniciativa establece un candado para evitar que los saldos en moneda nacional de los créditos a la vivienda, cuyos montos se actualicen con base en el salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Infonavit, Fovissste u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, se actualicen a una tasa que supere la inflación.

“Con esto se protege el ingreso de los trabajadores, evitando que potenciales aumentos al salario mínimo por encima de la inflación incrementen de manera desmesurada el saldo de sus créditos”, describe la propuesta.

También hace lo propio con los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el salario mínimo.

Incluso, indica que a la entrada en vigor de este decreto se tendrán hasta 720 días naturales para seguir otorgando créditos a la vivienda que se actualicen con base en el salario mínimo.

Se otorga al Inegi, organismo responsable de medir la inflación, la facultad de establecer el valor inicial de la UMA, que será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente para el área geográfica “A” o el que llegará a sustituirlo al momento de la entrada en vigor de este decreto.

Además, se otorga plazo de un año —contando a partir de la entrada en vigor de esta reforma— para que las autoridades competentes federales, del DF, estatales y municipales realicen las adecuaciones correspondientes.