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El gobierno federal presentó controversias constitucionales en contra de los poderes Ejecutivos y Legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora, pues en el primer caso no se han adecuado las leyes locales con la reforma educativa y en los tres restantes se invaden atribuciones federales o se violan los contenidos en la ley educativa.

A través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, se presentaron el pasado lunes las cuatro controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de un análisis a las leyes de las 31 entidades federativas y el DF.

Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, explicó que los litigios que se presentaron fueron debido a “que existe una omisión total de armonizar la legislación local con la reforma educativa en el estado de Oaxaca”, mientras que en Chiapas, Michoacán y Sonora la “legislación local invade atribuciones federales o viola los contenidos de la reforma educativa”.

Las autoridades mencionaron que en Oaxaca la controversia se basa en la omisión de cumplimiento al mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente de armonizar su legislación dentro de los seis meses a partir de la publicación de dicha ley, plazo que concluyó el 12 de marzo.

En el caso de Chiapas, se impugnaron ocho artículos de su legislación local porque permiten la regulación a nivel local de alimentos y bebidas, no vincula los programas de gestión escolar a los lineamientos federales, admite la participación sindical en programas de capacitación, permite la readscripción del personal docente en funciones administrativas a pesar de no acreditar las evaluaciones y diseña y regula el proceso de evaluación educativa.

En Michoacán se impugnan cuatro artículos porque otorgan preminencia a la legislación local sobre la Ley General, regula alimentos y bebidas y otorga la definición de estándares e indicadores para la evaluación media superior, facultad exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En Sonora, no se aceptan 27 artículos, debido a que se detectaron varias irregularidades, entre las que se encuentra establecer como marco normativo para el Servicio Profesional Docente todo lo consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos anteriores o posteriores a la reforma educativa.

Además, permite a los docentes separarse de sus puestos de trabajo con goce de sueldo, modifica los parámetros de ingreso y promoción al servicio profesional docente y reconoce un escalafón, aun cuando la reforma educativa prevé la promoción por medio de las evaluaciones.

Además de estas irregularidades, la legislación local de la entidad otorga a los órganos estatales atribuciones, así como la definición de estándares para la evaluación educativa.