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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Luis Armando Jerezano Treviño, ex titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila, y a su secretario Gerardo Tiscareño Mercado, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; en el caso del juzgador se detectó que realizó operaciones financieras en México por un total de más de 24 millones de pesos, que contrastan con su salario como servidor público.

Una investigación interna del CJF, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), permitió recabar evidencias contra el juzgador, quien incluso utilizó como prestanombres a su suegra Thelma Guadalupe Treviño Clemente, a través de la que adquirió tres propiedades en Monterrey, Nuevo León, con un valor de 13 millones de pesos.

La denuncia también se sustentó en la revisión de 22 amparos que concedió —entre 2006 y 2009—, en colaboración con su secretario Tiscareño, a favor de casineros y presuntos integrantes del crimen organizado. Autoridades judiciales revelaron que se cotejaron las fechas en que se emitieron las resoluciones y los depósitos que realizó a sus cuentas, y se encontró que existía una relación, por lo que se presume que los recursos son pagos que recibió a cambio de fallos judiciales.

Los antecedentes

En febrero pasado, EL UNIVERSAL reveló las anomalías cometidas por el juez Jerezano. En la edición del día 4 se informó que el juzgador era investigado por la DEA, ante la existencia de cuentas a su nombre y de su esposa Claudia Zulema Alanís Treviño, por más de 3 millones de dólares, depositados en el International Bank of Commerce (IBC Bank) de Mc Allen, Texas.

En junio de 2007 se aperturó la cuenta —que ya fue congelada por el gobierno de Estados Unidos— y algunos depósitos provinieron de un abogado relacionado con líderes del cártel del Golfo, a quienes el juez amparó para que recuperaran propiedades incautadas por la PGR.

Asimismo, el día 5, el diario informó que la PGR ya investigaba a Jerezano, a partir de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEAI- ARV/012/2013, ya que se le señala como uno de los principales operadores de una maquinación en la que se sospecha del crimen organizado, para apoderarse ilegalmente del casino La Fortuna de Monterrey, Nuevo León, con apoyo de autoridades de la entidad.

En el expediente el testigo Érick Garza Treviño, señaló al juzgador como uno de los líderes del grupo que se apoderó en agosto de 2013 del casino y la empresa operadora “Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.” (Rehade), y que los prestanombres del servidor público consumaron el plan, en el que incluso se recurrió al secuestro y las amenazas contra los dueños del lugar Arturo Ignacio y Pedro Cardona Calderón, así como Jesús Andrés González González, que hoy están en la cárcel acusados del despojo de su propio casino.

También existe otra investigación en la PGR contra Jerezano, por delitos contra la administración de la justicia, ante los indicios de que emitía fallos a favor de casineros, lo que se demostró en la investigación interna del CJF que desde septiembre de 2011 suspendió de sus funciones al juzgador y a su secretario, y este año les inició procedimiento administrativo.

La denuncia ante la PGR

Al revisar la situación patrimonial de Jerezano y sus familiares, el CJF detectó que el juez no justificó ingresos adicionales a los que percibió con motivo de sus encargos por la cantidad de 3 millones 518 mil 959 pesos.

Encontró presuntas irregularidades como el pago de 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus familiares por un monto total de 4 millones 150 mil pesos.

Thelma Guadalupe Treviño, la suegra del juzgador, recibió parte de estos depósitos por la cantidad de 2 millones 218 mil 955 pesos, “sin que dicha persona hubiera reportado tener ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria y durante el periodo sujeto a investigación”. Era una ama de casa.

La mujer adquirió entre diciembre de 2008 y octubre de 2009 una residencia en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, así como dos predios en la colonia Privada Valle Alto de Monterrey, en operaciones que involucraron 13 millones de pesos, “sin que se advierta justificación alguna respecto al origen de los recursos aplicados en dichas compraventas”, se denunció ante la PGR.

Asimismo se revisaron 22 fallos emitidos por Jerezano, en su mayoría a favor de permisionarias de juegos y sorteos, en los que se encontraron diversas anomalías en los juicios de amparo correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

Los expedientes fueron firmados junto con el secretario Tiscareño, en los que se avaló la operación de casinos, uno de ellos a favor de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que administró el casino Royal —atacado en agosto de 2011.

Esta denuncia ante el Ministerio Público federal se suma a la que el CJF presentó contra dos magistrados, un juez federal y un funcionario judicial, quienes participarían presuntamente en una red de protección en beneficio del llamado Zar de los casinos, Juan José Cardona Rojas, que reveló una investigación de EL UNIVERSAL.