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Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), celebró la decisión del Poder Judicial de la Federación de presentar denuncias penales contra algunos de sus integrantes, con presuntos nexos con casineros, pues representa un ejemplo de un proceso de depuración que permitirá aclarar la conducta de los jueces. Se comprometió a realizar una investigación a fondo, para corresponder a una acción que dijo: “Me parece impecable, digna de un aplauso”.

Por su parte, el consejero de la Judicatura Federal Daniel Cabeza de Vaca indicó que está dispuesto a colaborar con la PGR en esta investigación, ya que uno de los denunciados era el secretario técnico de su ponencia, de quien asegura nunca sospechó ni tenía quejas hasta que EL UNIVERSAL hizo pública su presunta relación con casineros.

Ambos servidores públicos participaron en el Sexto Foro Nacional de Seguridad y Justicia, y durante su mensaje Murillo Karam expresó “una satisfacción enorme” ante la decisión del Poder Judicial de la Federación de poner a disposición de la procuraduría “a quienes considera jueces que violaron los principios fundamentales, su misión tiene enorme trascendencia para el país”.

Destacó: “Este es un verdadero ejemplo del deseo enorme de un Poder Judicial que respeto enormemente, lo he dicho muchas veces, por, además, depurar, al empezar a dejar este tipo de cuestiones muy claras”.

El procurador sostuvo: “La ley debe servir para hacer justicia no para valerse de ella, para hacer delitos, este es el mensaje que está mandando el Poder Judicial y a mí me parece espléndido. Quiero realmente hacer pública mi felicitación al Poder Judicial por haber actuado de esta manera”.

Esta casa editorial, a partir del 5 de mayo pasado, publicó a lo largo de una semana las evidencias de una red que tejió Juan José Rojas Cardona, el llamado Zar de los Casinos en el Poder Judicial de la Federación, en la que juzgadores emitieron fallos a su favor y gestionaron con otros colegas los expedientes que tenían a su cargo y que eran de interés para el empresario. Se documentó el viaje a Las Vegas de un magistrado y otro más que recibía la “atención” de jugar en los casinos de Monterrey.

El 14 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó la denuncia penal contra los presuntos implicados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas; el juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.

Sobre la posibilidad de que lo cite a declarar la PGR indicó que “tendremos que verlo en la situación que sea, por la condición de servidor público de la Federación y por la autoridad que representó, pero tenemos toda la disposición de colaborar en lo que sea”.