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La Procuraduría General de la República (PGR) acusó de homicidio a tres de los ocho militares investigados por la muerte de 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio pasado.

El proceso penal en un juzgado del fuero civil que enfrentarán los tres elementos castrenses es independiente de los cargos que la Procuraduría de Justicia Militar ha presentado contra los mismos ocho militares a quienes dictó formal prisión por delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó algunas inconsistencias en los hechos —la existencia de una sola camioneta en lugar de dos, o que la bodega es un espacio reducido—, por lo que se iniciaron una serie de investigaciones que permiten establecer el delito de homicidio y “exceso de la fuerza”.

“Iniciamos en consecuencia a partir de entonces una investigación, que después, en poco tiempo, en razón de los datos recabados se convirtió en averiguación previa para estudiar y analizar las inconsistencias que entonces veíamos. En los hechos es lo que hoy podemos plantear”, dijo.

Las investigaciones de la PGR establecen que sí hubo un enfrentamiento entre los elementos de la Sedena y personas armadas por espacio de entre ocho y 10 minutos.

“Sin embargo, al cesar los disparos ingresaron a la bodega tres de los elementos militares —uno se quedó afuera porque está herido; el teniente, porque está asistiendo; y un chofer, y los otros tres entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tenía justificación alguna”, detalló.

Hasta el momento las pruebas recabadas permiten establecer que “a los tres que entraron a la bodega, y que podemos determinar con precisión que desde su ubicación hubo una trayectoria de disparo, hacia donde encontramos las huellas de sangre y el posicionamiento de cadáveres”, son a los que les acusa de homicidio; sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la participación o inocencia de los otros elementos.

En conferencia de prensa conjunta con el procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, el procurador comentó que los elementos encontrados hasta el momento son suficientes para formular cargos por el delito de homicidio, por lo que espera que se gire una orden de aprehensión contra los soldados.

“Ante ello, quiero decirles que la PGR tomó la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar, independiente de que la Sedena les está siguiendo los procesos militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la ley militar, fallas de disciplina y desobediencia”, refirió.

El funcionario adelantó que en este caso, a pesar de que existe una orden de sus superiores, los militares no grabaron su actuación.

La acción penal que determinó ejercer la PGR fue tras darse a conocer versiones periodísticas, a partir de las declaraciones de una testigo, de que la muerte de las 22 personas fue una ejecución y no un enfrentamiento entre delincuentes.

El 19 de septiembre, mediante un comunicado, la Sedena insistió que los decesos de las personas se originaron porque “personal militar repelió una agresión armada”; sin embargo, la dependencia estaba dispuesta a colaborar para que se esclareciera lo ocurrido.

Seis días después de dar esta versión, el 25 de septiembre pasado la dependencia dio a conocer que ocho elementos (un oficial y siete elementos de tropa) fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar y éstos fueron internados en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No. 1-A.

Ayer el juzgador castrense dictó auto de formal prisión en contra del teniente y siete soldados por delitos exclusivamente relacionados con el código militar, ante los hechos ocuridos en Tlatlaya.