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A siete meses de haberse publicado en el Diario Oficial las reglas de operación del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, éste no se ha puesto en marcha y ya se propusieron nuevos cambios.

Bajo el argumento de que se busca dar mayor flexibilidad al proceso de operación y administración del fideicomiso, la Secretaría de Gobernación propuso ajustes a las reglas de operación de ese mecanismo.

De acuerdo con el proyecto de cambio, el cual se encuentra en análisis en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), lo que se busca es tener una mejor planeación que permita el desarrollo del mecanismo a través del cual se protege a periodistas y defensores de derechos humanos.

Para transparentar el manejo de los recursos del fideicomiso, la propuesta que se hace es el incluir la palabra “procedimiento” en cuanto a las facultades de la Junta de Gobierno que, entre otros, debe aprobar contrataciones, adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios necesarios para la protección de los citados.

Se pide a la Junta de Gobierno —instancia máxima de ese mecanismo— que “apruebe el procedimiento de contratación (…)”, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no intervendrá cuando se trate de la aprobación de procedimientos de adquisiciones o contrataciones, en virtud de estar facultada para solicitar medidas de protección a favor de periodistas y defensores de derechos humanos.

En cuanto a las facultades asignadas al Comité Técnico del fideicomiso, se especifica que deberá sesionar de manera ordinaria conforme al calendario que el mismo determine, o a petición de su presidente o del fiduciario, y de manera extraordinaria a solicitud de sus miembros o del fiduciario, en ambas por conducto del secretario de actas, previa aprobación del presidente de dicho cuerpo colegiado.

Para la liberación de pagos se expone que se deberá instruir al fiduciario que lo haga por el monto del costo generado por la implementación de medidas de prevención o de protección y otras de carácter urgente derivadas de los planes de protección aprobados por la Junta de Gobierno y las Unidades Auxiliares de Recepción de Casos y Reacción Rápida y de Evaluación de Riesgos, tanto en los procedimientos ordinarios como en los extraordinarios a que se refiere la ley.

En noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del fideicomiso para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una herramienta para garantizar la protección y el auxilio a quienes ejercen la labor de protección y defensa de las garantías individuales, así como la labor periodística.

El fideicomiso es operado por la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Las reglas de operación del mencionado fideicomiso tienen como propósito destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de medidas de prevención, protección y otras determinadas como urgentes para garantizar la vida de los involucrados en el tema.

Organizaciones no gubernamentales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han criticado que el fideicomiso no opere, a más de seis meses de haber iniciado.