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"La violencia ha puesto a prueba a las instituciones"

José Meléndez Corresponsal| El Universal
Domingo 16 de noviembre de 2014

El ministro Juan Silva Meza asegura que ser juez es resistir las presiones de los poderes legales e ilegales. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

La viabilidad del Estado está en el cumplimiento de las leyes, asegura

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San José, Costa Rica.— Un recinto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acumula el recuerdo de centenares de testimonios de las víctimas [directas e indirectas] de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en América Latina y el Caribe estremeció antenoche al presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) de México, ministro Juan N. Silva Meza. En ese salón en el que las bajas por las graves violaciones a los derechos humanos hacen retumbar su voz, la CIDH recibió a Silva Meza para honrarle por defender y promover los derechos humanos en México.

“No tengo palabras”, admitió Silva al iniciar su mensaje de agradecimiento, luego de que el presidente de la CIDH, el colombiano Humberto Sierra Porto, expresó la preocupación de ese tribunal —con sede en San José y máxima instancia americana de justicia— por los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre en Guerrero. “El simbolismo de reunirnos aquí es muy sencillo y evocador: es en un recinto judicial como éste en donde se concretan las aspiraciones de las víctimas. Este es un lugar que le pertenece a todos los habitantes de nuestra América”, dijo Sierra.

El conflicto de los estudiantes sobrevoló antes, durante y después del homenaje a Silva Meza, quien afirmó que recibió el reconocimiento “en medio de una crisis de seguridad en la que la violencia ha puesto en vilo a la ciudadanía y a prueba a todas las instituciones del Estado mexicano”.

El ministro Silva Meza concluirá su encargo como presidente de la SCJN el último día de diciembre de este año, mes en el que sus compañeros decidirán quién será el nuevo líder del pleno judicial. En entrevista con EL UNIVERSAL admitió que el caso de los desaparecidos “es una situación complicada que está en manos de las autoridades mexicanas.

“Nosotros como Poder Judicial de la Federación y como Suprema Corte estamos atentos y, como mexicanos, sí, sensibles a que estos hechos no pueden ni deben ocurrir en ninguna parte del mundo”, adujo.

La viabilidad de la democracia de México, afirmó, pasa por el fortalecimiento de los factores que debilitan a su Estado de derecho, pero “nunca” fuera de la institucionalidad. Cuestionado si hay debilidad en el Estado de derecho en México, dijo: “Depende de dónde se vea. El Estado de derecho es algo que se va fortaleciendo, caminando, transitando, a partir del cumplimiento de la ley [por parte] de todos los que estamos obligados a cumplirla y esa es la sociedad en su conjunto.

“La viabilidad democrática depende de muchísimos factores. El Estado mexicano es un Estado constitucional democrático de derecho. Enfrenta problemas, graves unos, otros menos graves, pero está ahí la fortaleza del Estado y de sus instituciones. La viabilidad del Estado mexicano está en el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y en las instituciones, nunca fuera de ellas. Todo lo que se arregle conforme a la Constitución, donde están todos los arreglos para la viabilidad democrática, tendrán un buen camino, un buen puesto”, recalcó.

Al preguntársele sobre la gravedad del conflicto actual en México por los sucesos en Guerrero, respondió que “la calificamos como una crisis porque realmente ha generado mucha inconformidad, muchas manifestaciones de inconformidad, pues válidas en función del tipo de eventos que se están advirtiendo. Es una crisis que, insisto, en relación con los hechos que se han presentado, no deben presentarse en ningún país”.

Sobre los nexos entre autoridades, políticos y narcotraficantes mexicanos que encubren el caso de Ayotzinapa, se abstuvo de emitir opinión bajo el alegato de que “solamente tenemos la información que se publica en los medios [de comunicación] y no sería serio ni responsable hacer un pronunciamiento en ese sentido y menos como cabeza de un órgano jurisdiccional”.

En función de la Constitución y las leyes de México, “tenemos” un papel de “otra naturaleza. En estos tiempos está en manos de las autoridades que tienen esa responsabilidad de hacer las investigaciones. Nosotros estamos solamente, pues muy atentos en tanto que somos parte del Estado mexicano”, aclaró, al retirarse de la CIDH.

Momentos antes, en el recinto al que calificó como “un lugar lleno de simbolismo” y en el que lamentó que “la situación de los derechos humanos en la región dista mucho de estar resuelta”, advirtió: “Ser juez es resistir las presiones de los poderes legales e ilegales”.



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