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Ante las protestas y el vandalismo que priva en Guerrero y otros estados del país los gobiernos estatales y federal están en una situación de “perder-perder”, porque si aplican la ley serán vistos como represores, pero si no lo hacen se les tildará de pusilánimes, consideraron especialistas en seguridad.

En México “hay una vieja trampa ideológica en donde se cree que aplicar la ley en estos casos es sinónimo de represión. Eso es lo que están buscando los grupos radicales. Lo que estamos viendo es la pedagogía de la impunidad”, dijo Javier Oliva, coordinador del diplomado de seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Se tiene que aplicar la ley y se tiene que respetar el Estado de derecho, ya lo dijo el presidente [Enrique Peña Nieto] en Alaska, no se puede reclamar la aplicación de la ley a través de la violencia”, agregó.

Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que los gobiernos se encuentran en un dilema entre aplicar o no la ley: de cualquier forma pierden.

“Siempre hacen lo mismo, destruyen, atacan a policías, roban, saquean comercios. Son grupos que nunca sabemos por qué protestan y da la impresión que tienen una agenda política detrás”, enfatizó.

Luego de los actos de vandalismo que se han registrado recientemente en el Distrito Federal, Guerrero y Michoacán, donde fueron destrozadas e incendiadas instalaciones públicas, Chabat alertó que “los gobiernos se encuentran en la situación de perder-perder, ya que de aplicar la ley podrían verse como represores y de no hacerlo se ven como un gobierno pusilánime”.

A decir del investigador, difícilmente las protestas radicalizadas se podrían extender en gran parte del país, ya que lo que se ha observado es que normalmente ocurren en entidades donde se movilizan maestros como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal.

Señaló que las imágenes de violencia en México ya están dando la vuelta al mundo “y no me extrañaría que en próximos meses otros países comiencen a emitir alertas, como Estados Unidos, para que no viajen a algunos puntos del país”.

Chabat, insiste en que el fondo del problema es que las autoridades enfrentan un dilema muy complicado, porque ya no tienen la capacidad institucional para aplicar la ley, y cuando lo hacen la aplican mal y violan derechos humanos.

“Quizá por eso han decidido no aplicarla, lo cual deja indefenso al ciudadano frente a estos grupos que claramente afectan a la sociedad. Son los ciudadanos quienes terminan pagando los platos rotos”, remarcó el experto.

Agregó que las autoridades encargadas de preservar la seguridad pública no tienen los recursos suficientes, tal es el caso de Oaxaca en donde han preferido pagar el costo de ser visto como débiles e ineficientes que ser vistos como represores.

En contraste con Chabat, el especialista Javier Oliva consideró que los hechos violentos durante las protestas se pueden replicar en gran parte del país si las autoridades no actúan a la brevedad.

“Me sorprende la declaración irresponsable del gobernador de Guerrero [Rogelio Ortega], de que no habría ningún tipo de represalia a quienes cometieran actos vandálicos; es una invitación a hacerlo”, puntualizó.

Agregó que lo que tienen que hacer las autoridades de inmediato para tranquilizar el clima de violencia es aplicar la ley y las sanciones que correspondan a los responsables.