En un plazo de 10 días hábiles, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar una versión pública de documentos (minutas de acuerdos de reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos, etc.), que contengan la información sobre la detención de 16 miembros de la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, efectuada en abril de 2011.

Así lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datosm (IFAI), tras considerar que la respuesta de la PGR a un particular que solicitó la información, no fue correcta.

La PGR notificó que la información es de carácter reservado toda vez que forma parte de una averiguación previa.

La comisionada Areli Cano Guadiana hizo el análisis del caso y expuso que de acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se debe permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas cuando se investiguen hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos.

“El pleno del IFAI determinó revocar la reserva invocada por la PGR, y le ordenó entregar en versión pública la información requerida, otorgándole para tal efecto un plazo de 10 días hábiles, a partir del lunes 8 de septiembre de 2014”, informó el IFAI.

El órgano de transparencia, determinó –además- desistirse de dos juicios de amparo en revisión que se habían interpuesto en 2013, ante el Poder Judicial de la Federación.

Los recursos en mención se tramitaban ante los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto en Materia Administrativa del Distrito Federal, ante los cuales el Instituto presentó el desistimiento correspondiente.

Los amparos fueron promovidos por particulares inconformes con las resoluciones emitidas por el anterior Pleno del IFAI, quien por mayoría de votos había confirmado la reserva de la información formulada por la PGR.

Con independencia del desistimiento promovido por el IFAI, los asuntos en cuestión serán revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los ministros Olga María del Carmen Sánchez Cordero y José Ramón Cossío Díaz ejercieron la facultad de atracción para conocer de dichos recursos, mismos que a la fecha están pendientes de resolución.

crs