Legisladores priístas han expresado su temor por la manera en la que la Procuraduría General de la República ha manejado el caso de la llamada pareja imperial de Iguala, integrada por el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes fueron señalados por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como los presuntos autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sin que hasta ahora los hayan podido acusar formalmente de ese delito.

"Sólo falta que pasen los 40 días de arraigo y Chucho (en referencia a don Jesús Murillo) no pueda acusar a la señora de la desaparición de los normalistas, ese sería un duro golpe", dijo un relevante diputado priísta en días pasados. Pues, por lo pronto, eso ha sucedido. Nos aseguran que la PGR decidió solicitar a un juez otros 20 días de arraigo para la señora Pineda Villa, por lo que varios funcionarios  federales y legisladores priístas pasaran un fin de año en ascuas para saber si la PGR logrará o no acusar a la ex primera dama de Iguala de la desaparición de los normalistas, hecho que sostiene una buna parte de la investigación que hasta ahora ha presentado la procuraduría a la sociedad.

Cierto es que tanto en el caso de Abarca, como a su esposa, la PGR podría mantenerlos presos para enfrentar acusaciones de homicidio o nexos con el  crimen organizado, pero sería muy costoso para la credibilidad de la investigación que no pudiera reunir las pruebas necesarias para sostener la acusación de que el matrimonio ordenó la desaparición de los 43.  Serán 20 largos días.