La Cámara de Diputados aprobó con votación unánime la reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales y evitar delitos como la extorsión.

El documento establece la obligación de que las autoridades penitenciarias sean responsables de los equipos para bloquear este servicio en las cárceles, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones presenten informes semestrales sobre su operación.

Dicho informe deberá entregarlo a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la cual está integrada por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la federación, los estados y el Distrito Federal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), durante el año 2012 se cometieron 5 millones 994 mil 34 extorsiones.

La iniciativa presentada por el diputado del PAN, Guillermo Anaya Llamas, fue turnada al Senado para su análisis.

ams