TILAPA, Gro.— Miguel Bazán Galeana y su esposa duermen aterrorizados porque la bestia subterránea abrió sus fauces debajo de su cama y, ahora, se traga poco a poco su casita de madera asentada a 100 metros de distancia del desgajamiento del cerro Guayabo.

El monstruo oculto hirió a la montaña boscosa durante la tromba del 18 de agosto y, seis semanas después, provocó un temblor que la cimbró con violencia. Pero durante los huracanes Manuel e Ingrid, del 15 y 16 de septiembre pasado, se engulló un tajo de cerro de unos 200 metros de largo y 300 metros de profundidad, a unos pasos de la vivienda de Bazán.

El suelo de uno de los dos cuartos que conforman su casa recibió una dentellada que reventó el pavimento, alcanzó 40 centímetros de ancho y lo mismo de profundidad. Bazán la contraatacó rellenándola con tierra. Pero en el otro cuarto, la ferocidad de la embestida dejó la pata de su cama volando y sólo pudo colocar una pila de piedras para nivelarla.

“Aquí está peligroso, pero no tenemos adónde ir”, dice mientras sus tres niños, que comparten la otra cama del cuarto, evitan acercarse a la grieta, que según él tiene una extensión de 300 metros de largo fuera de su casa.

Su petición de revisión de la grieta está registrada en la ficha de evaluación de la zona que hizo el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), fechada el 7 de octubre. El documento del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, solicita la reubicación parcial de los pobladores de Tilapa, por considerarla zona de “Alto Riesgo”, un peligro que se acrecienta porque el pueblo lacerado está en una franja sísmica. Pero ninguna autoridad ha reubicado a Bazán ni a ninguno de los 4 mil 800 habitantes que viven entre laderas abruptas, deslavadas o desgajadas.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que “hay una crisis humanitaria en las comunidades indígenas de la Montaña, y la hambruna ya está en la puerta”.

El líder de la ONG impulsó la creación del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, que aglutina a las 187 comunidades afectadas por los desastres naturales.

Barrera asegura que la población de los 13 municipios perjudicados está en grave riesgo de sufrir más pérdidas humanas, mayores daños en su infraestructura y de hundirse en una debacle productiva. Además, los productos alimenticios y las despensas no están llegando, por el deterioro de las carreteras.

El dirigente de Tlachinollan considera que los gobiernos federal y estatal han ignorado la situación de urgencia de Tilapa, municipio de Malinaltepec, y de otros 12 municipios indígenas de la región, donde 40 comunidades han tenido que desplazarse y ahora viven en campamentos improvisados.

El drama puede contarse en cifras: la tromba dejó 40 mil damnificados en los 13 municipios de alto riesgo. A nivel nacional se registraron 130 muertos, 78 en Guerrero, y de éstos, 40 en la Montaña, es decir, la tercera parte del total nacional.

En el rubro de viviendas, el Consejo registra en su cierre de octubre: 3 mil 589 casas con fisuras o hundimientos; mil 315 arrastradas por deslaves y 297 por ríos.

En contraste, Héctor Vicario, delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dice que la Federación tiene contabilizadas 2 mil 931 viviendas con daños en la Montaña.

Vicario niega que haya desatención y afirma que la Federación hace “un gran esfuerzo” para reconstruir la región damnificada: “La instrucción del señor Presidente es precisamente que Guerrero debe quedar mejor de lo que estaba”.

Reubicación ignorada

Con fecha del 2 de octubre, Aldo Castañeda, subdirector de Dinámica de Suelos del Cenapred, emitió la primera ficha sobre los riesgos de Tilapa, y consigna el reporte del comisariado: 90% del área urbana presenta hundimientos y grietas.

Al final, Castañeda urgió: “Como medida precautoria se recomienda evacuar al poblado lo más pronto posible en lo que terminan las lluvias, y en la medida de lo posible considerar su reubicación total”.

En la citada ficha del 7 de octubre, Castañeda, José Ney Aranda, subdirector de Riesgos Geológicos de Cenapred, y dos funcionarios del Servicio Geológico Mexicano, informaron de un segundo recorrido en el que hicieron valoraciones parciales en algunas áreas del pueblo, y piden que “se verifique” la gravedad de notificaciones de pobladores en sitios que no visitaron.

El documento externa que un foco rojo es el cerro Mesón Viejo de Chipahua, donde “debe verificarse” que vecinos alertan de un deslizamiento de 60 metros de largo y una grieta de 20 centímetros de ancho.

Advierte el documento: “Esta descripción indica los síntomas de un deslizamiento mayor que, en caso de detonarse, podría desplazarse hacia la colonia El Salto del Agua, en la cual habitan unos 500 habitantes en 150 viviendas”.

La ficha también pide a la subsecretaría de Protección Civil de Guerrero verificar el estado de la casa de Bazán para que su vivienda y otras dos más sean valoradas y en tal caso “evacuadas y reubicadas”.

Finalmente alerta: “Si bien en este momento de emergencia no es posible evacuar a toda la población y reubicar a la comunidad entera (por la susceptibilidad a deslaves en los suelos, la sismicidad de la zona y la intensidad de las lluvias), aumentan la probabilidad de deslizamientos y (Tilapa) puede catalogarse como de Alto Riesgo”.

El informe lo recibió el mayor Constantino González, subsecretario de Protección Civil en el estado, quien lo remitió a Aristóteles Tito Arroyo, alcalde de Malinaltepec.

González niega que haya desdeñado la alarma de los especialistas porque se estableció un campamento para damnificados de Tilapa en el rancho de Las Garrapatas, municipio de San Luis Acatlán.

“Hay familias que ya están evacuadas y otras que siguen en Tilapa porque esa gente se niega a evacuar y no podemos utilizar la fuerza pública para hacerlo”, expresa.

Sin embargo, Victorino Pantoja, comisario de Bienes Comunales del pueblo, precisa que buscan que el gobierno estatal adquiera 2 mil 500 hectáreas de esos terrenos para su reubicación y cultivo, por lo que ahí hacen guardias rotativas para que no se los ganen.

Pero puntualiza que 50 días después de la alerta de los expertos, ninguna autoridad ha instrumentado protocolo alguno de salvaguarda de Tilapa y “ni una sola persona ha sido reubicada”.

Afectaciones desconocidas

Barrera considera que las distintas instancias de gobierno han discriminado a las comunidades de la Alta Montaña del proceso de reconstrucción de la zona.

La Montaña concentra 85% de la población indígena de Guerrero y está considerada, junto con la población indígena de la Costa Chica, la de mayor marginalidad del país.

Los damnificados de la Montaña padecen “un trato inequitativo, discriminatorio y manipulador por parte de autoridades que les niegan información, las despensas, y hay un uso faccioso del manejo de estos apoyos”, dice el activista.

En el caso de Malinaltepec, el municipio más destruido, hay seis campamentos con damnificados. Algunos han recibido láminas para guarecerse de las lluvias. Pero otros, como el de Tejocote, concentran a 960 personas, más de la tercera parte infantes que viven bajo lonas de plástico y duermen al ras del suelo.

El activista estima que hay otras comunidades con desplazamientos forzados que no han sido registradas por el gobierno porque están alejadas, en municipios como Cochoapa el Grande, Metlatonoc o Acatepec.

Su población desconoce la gravedad de sus afectaciones: “Es inconcebible que haya comunidades que aún no tienen el dictamen (del nivel de riesgo) de Cenapred”.

Dice que la otra urgencia es que se acerca el invierno y esos pueblos perdieron sus cafetales, árboles frutales y platanales que comercializaban, y sus milpas, su principal sustento.

Ahí no se han censado las pérdidas agrícolas, “y donde sí, se ha hecho de manera burocrática, piden que la gente se reúna en la Comisaría, no quieren hacer los recorridos, las verificaciones”.

Los apoyos que están recibiendo los pequeños productores son insuficientes. En el caso de cafetaleros del municipio de Iliatenco, por ejemplo, el fin de semana pasado se les entregó un cheque de Bancomer —de 550 pesos— que sólo pueden cambiar en una tienda del pueblo.

En Iliatenco, Pablo Olvera perdió las dos terceras partes de su cafetal, por lo que ese cheque sólo le alcanzará “para dos costalillos de maíz” que le durarán 15 días.

Barrera enfatiza que para el Consejo es primordial el tema del abasto a los damnificados, por lo que pide al gobierno federal 30 mil toneladas de maíz para 200 comunidades.

Esto representa “un fondo de 250 millones de pesos para dotar a cada familia de tonelada y media de maíz para todo el año, y 300 kilos de arroz y 300 kilos de frijol”, dice.

Pero considera que tanto en el proceso de abasto, como en el de reconstrucción de la región, es indispensable que se incluya a las comunidades, porque de no hacerlo “se va a ahondar más la grieta del olvido y la desesperanza”.

Si Bazán no es engullido por la grieta que se abre debajo de su cama, podría hundirse en el abandono y la indiferencia.