La creación del Instituto Nacional de Elecciones podría afectar la autonomía y el régimen interno de las entidades federativas, sostuvo el magistrado electoral Pedro Esteban Penagos López.

El presidente por ministerio de ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció sin embargo que es potestad del Congreso analizar y en su caso determinar si finalmente decide concretar la creación de ese órgano o no.

De acuerdo a los compromisos asumidos por el Pacto por México, entre las reformas electorales a analizar se considera la posibilidad de un organismo a nivel nacional que organice todos los procesos estatales, además de la realización de elecciones federales y estatales en un solo día.

En entrevista para el programa Justicia electoral a la semana, el juzgador dijo que ese organismo nacional sí afectaría la autonomía y el régimen interno de las entidades federativas.

Pero el Constituyente es el que establece la forma de gobierno a nivel federal y sería el responsable de realizar una reforma de gran calado que modificara los artículos 41 y 116 de la Constitución para crear un órgano que se encargue de organizar los comicios a nivel federal.

El magistrado se refirió además a la sentencia emitida desde el 29 de mayo por la que ordenó a la Cámara de Diputados concluir el proceso de selección del consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) vacante, y el incidente de inejecución de sentencia emitido por el Tribunal el 30 de julio.

Confió en que, como determinó el pleno, esté "en vías de cumplimiento" la sentencia, y con ello la designación.

Hasta ahora -recordó- ninguna autoridad local ni federal ha omitido el cumplimiento de una resolución dictada por la Sala Superior, por lo que sería de gran trascendencia jurídica para el país que la autoridad a quien la Constitución le encarga la expedición de la ley, no cumpla con ella.

"En lo personal, no me gustaría que fuera la primera sentencia que se incumpliera de este Tribunal", dijo el magistrado.

Penagos recordó que en un sistema democrático, autoridades y gobernados están sujetos al régimen de derecho y a respetar la ley y las sentencias que emiten los tribunales de última instancia, como es el Tribunal Electoral.