Industriales y productores de la cadena de la caña de azúcar y del refresco, así como legisladores, rechazaron el impuesto a bebidas saborizadas,  pues expusieron que de aplicarse, el gravamen se cargará a los consumidores, al incrementarse entre 15 y 20 por ciento los precios, no solucionará el problema de obesidad y cientos de pequeños comerciantes cerrarán.

Ante ese panorama que describen demandaron ser escuchados por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray y anunciaron, a través del senador Armando Neyra que se pedirá a los coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Unión, que se considere no avalar ese gravamen, pues de acuerdo con el legislador, no se oponen a pagar impuestos, pero no com se presenta en la iniciativa de reforma fiscal.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvieron entre otros, Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; Emilio Herrera, director de la Asociación Nacional de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), se destacó que de aprobarse la medida estarán afectará a más de tres millones de fuentes de empleos directos e indirectos.

Juan Cortina Gallardo, resaltó que se dice que este impuesto será recaudatorio, "pero puede ser todo lo contrario, pues caerán las ventas de la industria refresquera y azucarera, que ya está sumida en crisis, y el resultado de esto es que vamos a pagar menos impuestos, despedir gente, parar empresas, y no hacer contrataciones".

Emilio Herrera y el presidente de la ANPRAC, Fernando Ponce, coincidieron en que hay desinformación sobre el tema e insistieron en que están en riesgo fuentes de empleo.

En el acto al que también asistieron Carlos Blackaller, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y Lázaro Arias, representante de la Unión Nacional de Productores de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina, Emilio Herrera insistió en que según los objetivos de la reforma, se señala la simplificación de incentivos a la formalidad.

También se dice que con la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo pagará más el que más gana, pero con el impuesto que se pretende a bebidas soborizadas con azúcares añadidos, ese objetivo no se cumplirá, "por lo que nos parece que debe ser reconsiderado, porque verdaderamente tiene costos económicos y sociales muy altos".

"Solicitamos que estos factores sean evaluados profundamente antes de que se discuta esta iniciativa que se ha planteado como de salud, pero en realidad es recaudatoria y afecta despropocionadamente a las familias que menos posibilidades tienen en el país y no tiene ningún elemento que propicie el desarrollo de la economía en este momento".

Blackaller dijo que el impuesto no sólo lesionará la economía, sino que abonará a los problemas sociales del país, además de que afectará a los que menos tienen pues el consumidor pagará 35 centavos de cada peso y paralelamente se privilegiará el consumo de edulcorantes en lugar de fomentar el consumo de caña de azúcar.

De acuerdo con los inconformes, según datos del INEGI, a menor ingreso mayor es el porcentaje destinado al consumo de bebidas azucaradas como los refrescos y en tal sentido, la población de ingresos más bajos, destina hasta un 10% de su poder adquisitivo, sin que haya demostrado que el impuesto vaya realmente a incidir en sus hábitos de consumo.

Sobre todo, destacan, donde carecen de agua potable y a las bebidas embotelladas que son una opción accesible e inocua de hidratación.

Reiteraron que el consumo de cualquier alimento o bebida en particular no es causante de obesidad, sino los malos hábitos alimenticios y un estilo de vida sedentario.

"No existe relación estadística concluyente que vincule el incremento de la obesidad con el de bebidas saborizadas. Con un impuesto a estas bebidas la dieta promedio del mexicano disminuirá en 35 calorías al día, es decir, únicamente 1% del total de ingesta calórica".