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La banda de secuestradores a la que presuntamente pertenecen los maestros y adherentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, detenidos por el secuestro de los dos hijos menores del empresario Juan José Álvarez Candiani, tiene vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), asegura un informe de la Procuraduría General de la República (PGR).

A partir de las investigaciones que realizó la PGR en torno a este plagio, se logró establecer que los integrantes de esta célula están relacionados con la guerrilla, por lo que las pesquisas continúan para establecer su grado de implicación con el EPR y si el móvil del secuestro fue una instrucción de la dirigencia del grupo subversivo para obtener recursos para su causa.

En mayo pasado, después de 140 días de cautiverio, los dos menores Candiani fueron rescatados de una cisterna en una casa de seguridad donde los mantenían encadenados. La investigación, coordinada con elementos del grupo antisecuestros de la Policía Federal, permitió detener a 12 de los probables responsables de esta privación ilegal de la libertad, entre ellos tres maestros de la Sección 22 de la CNTE y dos de sus adherentes.

De acuerdo con la investigación realizada a partir de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/270/2013, la organización delictiva que secuestró en enero pasado a los menores, en la que están implicados los maestros, “está vinculada al Ejército Popular Revolucionario”, según revela la dependencia federal en su primer informe de labores.

Los maestros detenidos y consignados el 22 de mayo ante un juzgado federal por este caso, son Leonel Manzano Sosa (quien utilizaba otra identidad como Luis Gutiérrez Saldivar), así como sus colegas Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, todos ellos de la Sección 22 de la CNTE. También fueron aprehendidos adherentes a esa organización: la ex candidata perredista Sara Altamirano Ramos y el activista Damián Gallardo Martínez (quien se identificaba como Juvenal Nedani Pineda).

La PGR asegura que tiene elementos de prueba suficientes sobre su participación en el plagio de los Candiani, y que esta célula vinculada al grupo guerrillero operaba incluso en el Distrito Federal. Al momento de la aprehensión de los integrantes, se les aseguraron 748 mil pesos y propaganda del EPR.

No obstante las pruebas que hay contra los mentores, que incluyen la identificación de las víctimas, la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE ha intentado negociar su libertad. Antes de que fueran enviados a prisión, un grupo de 300 personas, que ya estaban en el Distrito Federal, se manifestaron frente a la PGR para exigir su libertad, al asegurar que había un móvil político en su captura.

Después, durante las diversas manifestaciones que han encabezado los maestros contra la reforma educativa en los últimos meses, en su pliego de demandas incluyeron la liberación de sus compañeros acusados de secuestro (a quienes idenfitican como presos políticos), argumentando su inocencia, a pesar de que un juez encontró elementos para procesarlos por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.

Incluso, el 7 de agosto pasado, Rubén Núñez, dirigente de la Sección 22, junto con otros líderes y familiares de los detenidos, se reunieron con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, para demandar su liberación, pero la funcionaria les dejó en claro que no era un encuentro para negociar la libertad de nadie, sino para explicar las pruebas en su contra.

Se ubicó a los presuntos secuestradores a través de la intervención de comunicaciones de seis teléfonos —tres de los cuales pertenecen a los maestros—, y se logró grabar incluso el proceso de negociación del rescate. Las voces correspondían a algunos de los profesores. Cuando fueron detenidos, dos de los maestros portaban credenciales de elector falsas y usaban una segunda identidad.

Cuando se capturó a Manzano, sus declaraciones permitieron ubicar la casa de seguridad donde estaban los niños Candiani, mientras que la ex candidata Sara Altamirano fue identificada por las víctimas como la mujer que les arrojaba los alimentos a la cisterna.

Además de estos hechos, se investiga ahora el grado de implicación de esta célula de secuestradores con el EPR, si el plagio tuvo como objetivo reunir fondos para el grupo guerrillero, si son militantes en activo o hasta qué punto los integrantes de la banda están implicados con el grupo subversivo.