El impuesto a la producción de carbón y a la emisión de dióxido de carbono es un gravamen agresivo que puede desaparecer 400 mil empleos directos e indirectos de 720 mil existentes en la industria siderúrgica.

Por ello, no debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, demandaron dirigentes seccionales del Sindicato Minero a legisladores del PRI.

En dos reuniones tensas, en la cual diputados y senadores priístas señalaron que no habrá marcha atrás en la propuesta enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto, contemplada en la Reforma Hacendaria, los líderes mineros denunciaron que las empresas mineras y acereras empezarán a despedir personal en cuanto el fisco haga efectivo el cobro de dicho gravamen.

Héctor Villarreal Galaviz, Olivero López Ramos, Héctor Alarcón Lejía y Sergio Medina Ibarra, entre otros, representantes de 10 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana no llegaron a un acuerdo satisfactorio con los legisladores del PRI tendiente a echar por tierra la aprobación de dicho impuesto.

Los dirigentes obreros se reunieron con los diputados José Luis Flores Méndez, José de las Fuentes y Jorge Herrera Delgado y, en reunión posterior, con los senadores Hilda Flores, Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y Braulio Fernández, secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara Alta.

Este último, como toda explicación a su petición, respondió a los líderes obreros que "las empresas tienen suficiente dinero para pagar ese impuesto", afirmación que causó el desconcierto de sus interlocutores.

Los dirigentes de las secciones 27, 71, 147, 205, 239, 259, 265, 288, 293 y 303 del Sindicato Minero, que agrupa a 16 mil trabajadores, indicaron que los trabajadores serán los primeros en resentir los efectos negativos del impuesto mencionado, que encarecerá los costos de producción de las empresas.

De acuerdo a la propuesta enviada por el Jefe del Ejecutivo al Congreso de la Unión, con la creación del nuevo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de Carbón, el fisco cobrará 70.68 pesos por tonelada de carbón producida, además de 178.33 pesos por cada tonelada de emisión de dióxido de carbono.

Los dirigentes sindicales mencionaron que además de las empresas mineras extractoras de carbón, las compañías siderúrgicas se encuentran entre las principales afectadas por la propuesta del Ejecutivo, ya que emplean dicho mineral, como una materia prima básica en la producción de acero.

Consideraron al establecimiento del impuesto al carbón y a las emisiones de dióxido de carbono como una medida totalmente injusta e inequitativa, pues está claramente dirigida a un solo producto y sector de la producción.

Para demostrar su dicho, subrayaron que el cobro del impuesto perjudicará especialmente a la economía del estado de Coahuila, ya que es en dicha entidad en donde se localiza 95% del carbón que se encuentra en nuestro país. En ese estado, alrededor de 500 mil personas dependen para su sustento de la extracción del mineral.

Al respecto, Héctor Jiménez Coronado, coordinador de Alianza Minera Nacional, corriente sindical que aglutina a las 10 secciones mencionadas del Sindicato Minero, afirmó que los legisladores deben voltear a ver a Coahuila, entidad de donde se extrae el carbón que mueve a la industria y carboeléctricas del país y que puede sufrir el desplome de su economía regional con ese impuesto.

Los dirigentes avizoraron que ante el desempleo que seguramente se generará por la aplicación del gravamen, un gran número de trabajadores no tendrán otra opción que emigrar a Estados Unidos en busca de empleo, como sucede con los obreros desempleados en las maquiladoras y en otros sectores.

Añadieron que entre los trabajadores que mantengan su empleo disminuirá el monto por concepto de reparto de utilidades anuales, porque los administradores de las empresas consideran que el impuesto citado tendrá un efecto negativo en la operación financiera de las compañías mineras y siderúrgicas.

cg