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El gobierno federal propuso que a partir del próximo año se realice sólo una negociación con los maestros de México y junto a los gobiernos estatales homologuen sus ingresos a un tabulador único.

Con la propuesta para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de financiamiento educativo, la SEP recuperará el control del pago de la nómina de los trabajadores de la educación, como ocurría hasta 1992, después de las irregularidades detectadas en el pago a maestros.

Al transformar el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el Fondo de Aportaciones de Nómina educativa y Gasto Operativo (FONE) se pretende tener un mecanismo más eficiente y transparente. Lograr que los pagos correspondan “exclusivamente al personal que ocupe plazas registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, aún por crear”.

Hasta ahora, las “irregularidades recurrentes” y la falta de transparencia convirtieron en un espacio de riesgo y opacidad al fondo para financiar la educación básica. Tan sólo en los dos últimos años la Auditoría Superior de la Federación pidió a los estados reintegrar 24 mil 888.4 millones de pesos a las arcas nacionales.

El presupuesto asignado al fondo en los últimos 13 años representó el 2.1% del Producto Interno Bruto a una tasa de crecimiento anual promedio de 2.3%.

A través de este fondo, los estados recibieron 23.4 pesos de cada cien pesos de lo que se destina a los gobiernos estatales. Pero más de 95% lo absorbe el pago de nómina y prestaciones a maestros y trabajadores, señala un estudio de la Auditoría.

Es en el pago de comisionados, entrega de bonos, estímulos, compensaciones; recursos a las organizaciones sindicales, pero también en el pago a trabajadores que no están en las escuelas; aportaciones para la seguridad social e impuestos; o bien, en recursos que no se sabe a dónde fueron a parar, o a dónde se va el presupuesto de educación básica.

El Informe de Resultados de Auditorías al FAEB ubica esos puntos entre los factores que provocaron “la debilidad de las finanzas de los gobiernos estatales”.

Ahora la iniciativa del Ejecutivo establece crear reglas de transparencia y de control de fiscalización de los pagos a través del banco, e incluso prevé que se entregue a la Cámara de Diputados y a las secretarías de Hacienda y Función Pública un informe sobre los pagos de doble asignación salarial en estados no compatibles geográficamente.

Esta propuesta entrará en vigor al día siguiente de su publicación y establece que la negociación salarial será en una mesa única en la que estén presentes los gobiernos estatales. Las autoridades educativas deberán coordinarse para “lograr una homologación en un tabulador único de remuneraciones”, de acuerdo con lo planteado en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

El FAEB fue creado tras el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 firmado entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La asignación a las entidades se define a partir de una fórmula que considera el número de niños inscritos en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria; la inversión que hacen los gobiernos estatales y la calidad del servicio que se ofrece.

Hasta ahora, dice la Auditoría dependiente del Congreso de la Unión, los dos principios de distribución presupuestal no tienen respaldo, puesto que por una parte hay 13 gobiernos estatales que no invierten recursos significativos porque carecen de un sistema local; y por otra parte, no hay una medición del impacto de los recursos en el desempeño escolar.

Asegura que se trata de “un problema estructural” que se origina en la “doble negociación que se realiza con las secciones sindicales (SNTE y con las pertenecientes a la CNTE) no reconocidas por la SEP o la Secretaría de Hacienda”.

En ese periodo de 13 años las entidades que se beneficiaron de un mayor presupuesto fueron México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California, Colima y Nuevo León.

Mientras que las que recibieron por debajo de un alza de 2% anual fueron Durango, San Luis Potosí, Campeche, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y el DF.