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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votarán un proyecto que establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, pero no supremacía respecto a la Carta Magna, son complementarios y deben ser considerados en la resoluciones judiciales, pero que existen restricciones que la propia norma contempla que deben ser acatadas y aplicadas.

Ante la trascendencia de esta resolución que definirá la forma en que se deben aplicar los derechos humanos previstos en los acuerdos internacionales de los que México es parte, el proyecto a cargo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha generado un intenso debate que inició la semana pasada, y hasta el momento sólo tres de los ministros han definido con claridad la intención de su voto a favor, cuando se requieren seis para que se apruebe el criterio.

No obstante, ayer en la sesión del pleno, a pesar de que se presentó una propuesta modificada para incorporar las inquietudes expuestas por los ministros durante los primeros tres días de debate, José Ramón Cossío consideró que el proyecto es inaceptable, pues sería “una posición regresiva”.

El ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, destacó que “no hay duda de que la Constitución entendida en sentido amplio enriquecida por las normas que reconocen derechos humanos en instrumentos internacionales sigue siendo la norma más importante en nuestro sistema jurídico”.

Consideró que “en materia de derechos humanos los tratados internacionales están por así decirlo a la par de la Constitución entendida en sentido amplio para mejorarla, para perfeccionarla, y esa es la razón por la que nuestro país los ha ratificado, ese es el lugar constitucional que ocupan” a partir de la reforma de 2011.

Expuso que “nuestra Constitución no pierde supremacía frente a normas de origen internacional, por el contrario, se perfeccionan al adoptarlas, al asimilarlas de los textos que contiene y volverla así parte de ella, fortaleciendo sus principios, sus valores, sus instituciones”.

Arturo Zaldívar expuso que ante la división que existe en el tema, pues siete ministros se han manifestado por el rango constitucional de los tratados internacionales, pero también siete de ellos expusieron la necesidad de acatar las restricciones constitucionales sobre derechos humanos que la propia Carta Magna establece, incorporó este último elemento a su propuesta, con el fin de alcanzar el consenso en el Alto Tribunal.

Señaló a sus compañeros que “si no conciliamos esas dos posturas, es imposible avanzar en este asunto; de tal suerte que creo que tenemos una responsabilidad de resolver este tema (…) para ello es importante que todos nos acerquemos, que cedamos y que formemos una opinión que no necesariamente es la de cada uno de nosotros”.

No obstante, José Ramón Cossío Díaz anunció su voto en contra y dijo que “me parece que hay temas en los cuales no puede uno ceder la posición personal ni siquiera en aras de construir elementos o condiciones mayoritarias, y a mí me parece que es un tema que tiene esa característica”. Sostuvo que votar a favor es una “posición de regresión” respecto a otras resoluciones del máximo tribunal como en el caso de Rosendo Radilla, pues no encuentra justificación en que al final se haga prevalecer las normas constitucionales sobre los tratados internacionales.

Ayer sólo dejaron claro su voto a favor del proyecto Fernando Franco González Salaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Luis María Aguilar Morales; coincidió en algunos temas como el rango constitucional de los tratados el ministro presidente Juan Silva, pero aún nada está definido.