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Amnistía Internacional (AI) llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que respeten las normas internacionales de derechos humanos y mantengan la interpretación del artículo 1 de la Constitución como está en la actualidad, dando el mismo peso a la Carta Magna y a los acuerdos mundiales en derechos humanos.

Esto debido a que algunos ministros de la Suprema Corte pretenden resolver una contradicción de tesis considerando que la Constitución debe estar por encima de los tratados internacionales de derechos humanos.

“Amnistía Internacional insta a los ministros a garantizar que su decisión sea conforme con la reforma al artículo primero de la Constitución mexicana que se produjo en 2011 y confirme la validez del principio pro persona, es decir de aplicar la norma que resulte más favorable a la protección de la persona en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”, manifestó el organismo.

En un comunicado de prensa, AI indicó que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la que el Estado mexicano es parte, dispone que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Este precepto, destacó, es de carácter consuetudinario, por lo que es obligatoria para todos los estados por igual.

México, señaló Amnistía Internacional, ha ratificado la gran mayoría de convenciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos, “pero durante mucho tiempo careció de mecanismos para garantizar su aplicación interna. La reforma de 2011 por fin estableció el mecanismo para asegurar su aplicación en el entorno nacional al garantizar que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Reiteró que cualquier resolución que desconozca este principio, no solamente sería inconstitucional sino que también significaría un paso hacia atrás para la protección de los derechos humanos en México.