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Las bancadas del PAN, PRI y PVEM, así como un perredista, presentaron en el Senado la iniciativa de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, que prohíbe bloqueos a la vía pública y que manifestantes recorran las calles encapuchados, a la vez que otorga atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos estatales protectores de derechos humanos para actuar en forma oficiosa o a petición de parte, cuando los ciudadanos resulten afectados por movilizaciones y plantones en las calles.

El proyecto, que sería aplicable a nivel nacional, tiene el respaldo de organizaciones de comerciantes, hoteleros, restauranteros y meseros que se presentaron ayer en la sede de la Cámara Alta a expresar su apoyo a una alternativa legal que detenga la afectación de sus actividades productivas.

La propuesta presentada regula las marchas “con el objeto de permitir la sana convivencia de los manifestantes y el ejercicio de los derechos subjetivos de los demás habitantes”; en ese sentido establece que las manifestaciones se lleven a cabo de las 11 a las 18 horas.

Lineamientos

Los organizadores deberán dar aviso con 72 horas de anticipación a la Secretaría de Gobernación (Segob) o a la entidad pública estatal, del Distrito Federal, municipal o delegacional, y la autoridad podrá modificar el recorrido por motivos de orden público.

“Los manifestantes deberán marchar sin armas, sin proferir injurias y sin violencia”, y establece que en la vía pública sólo podrán usar 50% de la calle, siempre en el lado derecho de la acera o carriles laterales.

Las manifestaciones quedan prohibidas en un sólo carril y los bloqueos, además de que la ley faculta a la autoridad federal a ejercer acción cuando las autoridades locales sean omisas en el cumplimiento de la ley, y en ese caso podrá actuar de oficio o a petición de parte.

Establece además que “durante la realización de reuniones, protestas, manifestaciones o marchas, ninguna persona podrá cubrirse el rostro de modo que no pueda ser identificada a simple vista”.

El proyecto señala que serían infracciones a la ley: alterar el orden público; proferir injurias, insultos o amenazas contra la autoridad o las personas; ejercer violencia contra cualquier persona; realizar actos que dañen los bienes de dominio público o privado; afectar las vialidades y el libre tránsito; utilizar uniformes de la fuerza pública o militar, y financiar una manifestación violenta.