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Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Gerardo Laveaga Rendón y Jacqueline Peschard Mariscal, expresaron su preocupación por la intención de los diputados de imponer candados para que dependencias puedan impugnar las resoluciones del Instituto a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista, Laveaga Rendón, comisionado presidente, dijo que estas modificaciones son un retroceso y que si todo mundo puede impugnar las resoluciones del órgano garante, se va a “judicializar” el acceso a la información.

“Ahora resulta que si la PGR dice no doy (la información) tendremos que litigar, irnos a la Suprema Corte y para tener un dato esperar cinco años, eso nos preocupa a todos”.

Explicó que en la década que tiene de vida el IFAI, en ninguna de sus decisiones se ha excedido, al grado de generar “problemas” con la apertura de información.

El lunes pasado, las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que establece que las resoluciones del IFAI son definitivas e inatacables.

Pero dieron la posibilidad a la Consejería Jurídica de la Presidencia o a la Procuraduría General de la República, entre otros, de presentar recursos ante la Suprema Corte en casos de seguridad nacional, estabilidad económica o cuando se transgredan los derechos humanos.

Al fijar su postura, el IFAI dijo que esto significaría un retroceso para el derecho de acceso a la información que, hasta ahora y es contraria a la iniciativa que envió el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto y que fue consensuada en el Senado .

“Además, la propuesta excluye como sujetos obligados directos a los partidos políticos, entidades que reciben grandes cantidades de recursos públicos y que ya son sujetos obligados directos en 17 legislaciones estatales sobre acceso a la información”.

La comisionada Peschard Mariscal aseguró que son preocupantes esos candados, sobre todo por el tipo de áreas y temas a los que se les faculta la posibilidad de impugnar las decisiones del Instituto.

“Son temas que tradicionalmente les han preocupado (seguridad nacional, deuda en los estados y derechos humanos)”, indicó.

Por separado, el Colectivo por la Transparencia, Fundar y México Infórmate, advirtieron que es un “grave retroceso” para la transparencia y la rendición de cuentas el que las resoluciones del Instituto sean revisadas por la Suprema Corte de Justicia.

Las organizaciones civiles criticaron que el dictamen aprobado en comisiones por la Cámara de Diputados establezca por una parte que las resoluciones del IFAI son definitivas e inatacables, pero por la otra den la posibilidad a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a la PGR, al Banco de México o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a presentar recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos de seguridad nacional, estabilidad económica o cuando se transgredan los derechos humanos.

En conferencia de prensa alertaron que un órgano garante “sin dientes”, no tiene razón de ser, porque el dictamen original —aprobado por el Senado— lo que busca es avanzar en la materia y no judicializar los procesos para que los ciudadanos accedan al derecho de acceso a la información.

Miguel Pulido, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advirtió que de aprobar ese dictamen, dejaría al derecho de acceso como algo exclusivo donde sólo lo podrán ejercer los ciudadanos que tengan recursos para pagar un abogado.

Guillermo Noriega, de la Organización Sonora Ciudadana, destacó: “Son la secrecía y la corrupción las que han causado un daño a la nación, por lo que censuro que se busque judicializar el proceso de la rendición de cuentas”.

Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación, enfatizó que es preferible que las cosas se queden como están y que no se hagan reformas al artículo sexto constitucional, por lo que hizo un llamado al Senado de la República para que no permita este retroceso.

A pregunta expresa, confiaron en que de aprobarse la minuta por los diputados, ésta tendrá que regresar a la Cámara de origen, y ahí el Senado de la República sea congruente y corrija las fallas de los diputados.