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Andrés Manuel López Obrador volvió ayer al Zócalo capitalino y desde ahí emplazó “respetuosamente” a los senadores del PAN y PRD a aliarse para rechazar las reformas energética y fiscal.

“Es momento de honrar al Poder Legislativo y demostrar en los hechos que en México el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes”, dijo al hacer por primera vez un llamado a los partidos de izquierda a acordar con el PAN en las cámaras del Congreso.

López Obrador firmó una carta dirigida a diputados y senadores, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, para alertar que la reforma energética sería “más grave” que la entrega de Texas y se encuadra en el delito de “traición a la patria”.

La carta está firmada también por el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, el obispo Raúl Vera López, el sacerdote Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara, integrante de la organización Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el ex dirigente del PRD Mario Saucedo Pérez.

Ayer, en su mitin, López Obrador también demandó al PRD, PT y Movimiento Ciudadano oponerse a las reformas.

Recordó que la suma de los votos de los partidos puede impedir las reformas. Con el sentido de sus sufragios se verá, consideró, si hubo un pacto previo de PAN y PRD con el gobierno, para apoyarlo.

Esto porque, dijo, el Ejecutivo llevó a cabo labores de “cooptación” de los partidos opositores y “llegaron al acuerdo de que un partido iba junto con el PRI a apoyar la reforma fiscal, y otro, la reforma energética”.

López Obrador sugirió a los legisladores un “plan alternativo” para oponerse a las reformas, consistente en dos condiciones. La primera, detener la energética hasta que haya una consulta con carácter vinculatorio.

Además, adecuar las leyes secundarias para regular la consulta ciudadana y que sus resultados sean obligatorios.

Pidió también que se posponga la reforma fiscal. “Que primero se aplique un plan de austeridad”.

Recordó los 15 puntos de su plan de acción e hizo un agregado para que, si se aprueba la reforma energética, se presenten demandas contra el Ejecutivo y legisladores que la aprueben, pues incurrirían en “traición la patria”.