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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones la reforma político-electoral para crear el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la Fiscalía General Nacional (FGN) que sustituiría con autonomía plena a la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros cambios.

Antes de la votación en lo general, los diputados incorporaron cambios a la minuta por consenso de la mayoría, por lo que estas modificaciones a la reforma político-electoral regresarán a la Cámara Alta para que los senadores se allanen o los rechacen.

Fueron nueve cambios aceptados, entre las que destacan: que la reelección para diputados y senadores sería a partir de 2018.

Mantener la facultad en la Cámara de Diputados para nombrar a los integrantes del Coneval; se devuelve la facultad a la Comisión Permanente para nombrar a embajadores y cónsules.

También se le incorporó la palabra “válida” en la redacción del artículo 41 constitucional para que, al definir el umbral que permitirá retener el registro de un partido éste sea de 3% de votación válida y no total como decía la minuta.

La reforma constitucional aprobada por los diputados ratifica la reelección de legisladores y alcaldes; sube de 2% a 3% el umbral de la votación válida para que un partido político mantenga su registro: abre la posibilidad para crear gobiernos de coalición y establece que la nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña será de hasta 5%.

Al principio, algunos diputados de PRD, PT y MC trataron de impedir, mediante cuatro mociones suspensivas, que fueron rechazadas, lo que permitió que se abriera el debate en el pleno de San Lázaro que se prolongó hasta la madrugada y al cierre de esta edición no se preveía aceptar ninguna de las 165 reservas hechas.

Tras finiquitar la discusión de esta minuta emitida por el Senado, los legisladores se alistaban a discutir la reforma a las cartas ciudadanas, en las que se incluye la reglamentación de la consulta popular y las iniciativas ciudadanas y preferentes.

A la par de la discusión de estos temas, los legisladores también incluyeron la discusión y aprobación de la Ley de Derecho de Réplica. Estos últimos dictámenes también forman parte de la reforma político-electoral, pero desde el Pacto por México se decidió que San Lázaro fuera la cámara de origen.

De aprobarse en el Congreso, la consulta popular podría ser estrenada en el 2015, en materia energética si es que el Senado —como se prevé— aprueba cambios constitucionales en el sector petrolero.

El dictamen sobre consulta popular eliminó un artículo que desde el punto de vista del PRD limitaba los alcances de la misma.

Entre de las cualidades de esta reforma, se destaca que sólo se podrá llevar a cabo el mismo día de la jornada electoral federal y los resultados, de cumplir con todos los requisitos, serían vinculatorios, es decir, se deberán atender.

La consulta popular será vinculatoria siempre que la participación total corresponda al menos a 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y los temas que no podrán llevarse a consulta son: derechos humanos reconocidos en la Constitución, los ingresos y egresos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los facultados para solicitar una consulta popular son: el Presidente de la República; el equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso y los ciudadanos en un número equivalente al menos a 2% de los inscritos a la lista nominal de electores.