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WASHINGTON.— Desde 2010 el gobierno de Estados Unidos ya mostraba en privado sus dudas sobre la estrategia anticrimen del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y criticaba en informes clasificados los resultados y las “consecuencias no deseadas” que dejó tras de sí el despliegue del Ejército y la decapitación de algunas organizaciones criminales que dieron paso a “personal con menor experiencia e indisciplinado” que disparó “el repunte de asesinatos relacionados con las drogas”.

“Mientras que la ofensiva de Calderón ha añadido presión sobre las organizaciones narcotraficantes, también ha dado lugar a algunas consecuencias no deseadas”, establece el reporte elaborado en agosto de 2010 por la Unidad de Inteligencia del Departamento de Estado que ha sido desclasificado y difundido por la página de los Archivos Nacionales.

El documento forma parte de una colección de informes desclasificados que permiten recomponer la fase más violenta de la guerra contra los cárteles de la droga, su disputa por el control de las rutas y la expansión de las bandas, principalmente, de Los Zetas que se convirtieron en el azote de las corrientes de migrantes que cruzaban la República Mexicana desde Centroamérica.

La colección de documentos, redactados entre 2007 y 2012, coinciden con el aumento de la colaboración entre México y Estados Unidos con el despliegue de vuelos no tripulados o drones para localizar a los capos de la droga y el intercambio de información de inteligencia a través de los llamados centros de fusión hacia ambos lados de la frontera.

A lo largo de memorándums y reportes clasificados, los servicios de inteligencia del Departamento de Estado, las agencias federales como la DEA y funcionarios de los consulados y embajada de Estados Unidos en México, hacen una composición de escena de la ingobernabilidad y la “casi absoluta impunidad” con la que llegaron a operar los cárteles de la droga en la parte norte de México.

En la relación de reportes transmitidos a Washington, destaca el estupor y alarma ocasionados por la matanza de los 72 inmigrantes en la localidad de San Fernando, en agosto de 2010, en la que el gobierno de México trató de minimizar su responsabilidad, según la relación de cables e informes transmitidos por el consulado de Estados Unidos en Matamoros.

En los documentos, se establece que en 2007, las corrientes de migrantes provenientes desde Centro y Sudamérica se enfrentaban a un ambiente cada vez más violento y hostil. A pesar de ello, la matanza de San Fernando consiguió, por primera vez, llamar la atención sobre una crisis de violencia que había sido acallada por el gobierno mexicano.

De hecho, según establecen, el hecho dejó al descubierto la inoperancia y corrupción de un Instituto Nacional de Migración (INM) que costó el cargo a Cecilia Romero, una panista y estrecha amiga de Calderón.

Los reportes no ofrecen nada nuevo de lo que los medios en México han venido reportando en los últimos años, pero contienen la narrativa que el gobierno estadounidense siempre mantiene en privado para no afectar las relaciones con un país amigo con el que suscribió un acuerdo marco de cooperación como la Iniciativa Mérida.

Los reportes hacen alusión a los problemas de corrupción, a la penetración de las instituciones por parte de los cárteles y a la escalada de una violencia inaudita.