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El juez Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sostuvo que no es ilegítimo que en determinadas circunstancias un gobierno tenga que hacer uso del Ejército en las calles para mantener la seguridad interna. Reconoció, además, que en América Latina existe el desafío de hacer frente a un crimen organizado que a veces es superior al Estado.

Sobre el cumplimiento de México en los fallos de la Corte IDH —sobre siete casos concluidos—, reconoció que en el país hay avances, aunque aún no se reforma el fuero militar, que es una de las disposiciones emitidas por los juzgadores. Sobre este tema, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el país está dando respuesta e incluso destacó la creación de un fideicomiso para reparación del daño, que no tiene precedente en el continente.

En conferencia tras inaugurar el 48 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH, que comenzará hoy sus audiencias públicas, el juez peruano fue cuestionado sobre la situación de seguridad en México y su relación con los derechos humanos, y si es válido que en más de un sexenio los militares hagan tareas de seguridad.

Rechazó opinar sobre el caso concreto del país, pero dijo que “el tema de la seguridad interna y la amenaza que para la gente y la estabilidad institucional significa el crimen organizado, es uno de los grandes retos que tiene la democracia, no sólo en México, sino en la mayoría de países de América Latina”.

Expuso que “naturalmente en situaciones de excepción está establecido en el derecho internacional la posibilidad de que se apliquen determinadas restricciones, incluso que en determinadas circunstancias y lugares se haga uso de las instituciones militares”.

Como reflexión personal —ya que la Corte IDH no se ha pronunciado al respecto—, García-Sayán dijo que “los entes profesionalmente especializados para la prevención y el manejo de la seguridad interna, son y deben ser esencialmente los entes policiales, lo que no hace necesariamente ilegítimo que en determinadas circunstancias, para restablecer el orden, se puede hacer uso de otros aparatos del Estado.

“El tema representa un reto muy grande que tiene que ver con cómo se fortalecen las capacidades judiciales, de prevención e investigación del crimen a manos de la policía y, por supuesto, la forma en que la sociedad y sus órganos representativos a nivel local y municipal puedan participar en esa dinámica de prevención frente al delito”, dijo.

El juez reiteró que “uno de los retos de la democracia, y no sólo para la Corte, es hacer frente al delito que a veces en su forma de crimen organizado ocupa espacios de poder, de relevancia y control territorial, que en algunas situaciones y circunstancias es competitivo o a veces superior al del Estado”.

Las sentencias

Respecto al acatamiento de México a las resoluciones de la Corte IDH, García-Sayán indicó que “hay un proceso positivo de cumplimiento de las sentencias”, y recordó que los fallos implican poner en marcha una maquinaria estatal de investigación del delito y de procesamiento judicial, “que no es un asunto que se resuelve de la noche a la mañana”.

Destacó que el hecho de que en México se haya trasladado la investigación de los casos a la autoridad civil, pues algunos estaban bajo la jurisdicción militar, “ya es una parte de un proceso de cumplimiento al cual la Corte le va a seguir dando seguimiento, pues no dará por cerrado un caso mientras no estén completados todos y cada uno de los extremos de la sentencia, que no siempre se pueden completar en seis meses o un año”.

Al respecto, Osorio Chong destacó que “en mayo pasado la Corte IDH determinó que el Estado mexicano ha dado cumplimiento a cinco de los resolutivos dictados en la sentencia del caso Radilla Pachecho; cabal cumplimiento a ocho de los resolutivos de la sentencia del Campo Algodonero, así como el cumplimiento total del caso Castañeda”.

Informó que “también hemos creado un fideicomiso para dar cumplimiento a las sentencias. En lo que respecta a la reparación del daño, se instaló el Comité Técnico de Reparación que garantice eficiencia y transparencia”, con lo que se definen las becas para los hijos de las indígenas Inés y Valentina hasta que concluyan sus estudios universitarios; “este fideicomiso no tiene precedente en América Latina y México está cumpliendo cabalmente con las resoluciones”, apuntó el secretario de Gobernación.