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El Senado de la República avaló sin cambios la Ley General del Servicio Profesional Docente, con 102 votos a favor y 22 en contra, éstos últimos de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

En una sede sitiada por elementos de seguridad federal y local, el pleno ratificó en lo general el dictamen —que completa las tres leyes secundarias de la reforma educativa—, aunque se presentaron 30 reservas.

Con la aprobación, los maestros serán evaluados so pena de ser despedidos; tendrán que evaluarse tres veces, acompañados de programas de preparación, y en caso de no satisfacer los estándares, serán reubicados a otra área.

La ley avalada está enfocada a la educación básica y media superior, y regula el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros.

Los senadores mantuvieron los cambios que realizaron los diputados federales la madrugada del domingo, entre ellos la posibilidad de que los maestros que sean separados de su encargo, con motivo de la ley, puedan impugnar las resoluciones.

Además, que un profesor pueda tener su plaza a los seis meses de haber ingresado al servicio, siempre y cuando no tenga “nota desfavorable en su expediente”, y no en un plazo de dos años, como señalaba el proyecto original.

La reforma aprobada permite que, una vez que entre en vigor, sólo los maestros normalistas puedan concursar por plazas los siguientes dos años, y terminado ese lapso se les retira esa exclusividad.

Con la ley, las plazas se otorgarán por concurso de oposición y se mantendrán los docentes mejor evaluados; se sancionará a quien trafique con las plazas, además de eliminar la herencia de éstas, e incluye sanciones para despedir al maestro que falte tres días consecutivos sin justificación o tres veces al mes.

En la sesión conducida por el presidente del Senado de la República, el priísta Raúl Cervantes, la mayoría del Partido de la Revolución Democrática se pronunció en contra de la reforma, sobre todo en la forma en que fue avalada, sin profundizar y de forma inmediata.

De las alrededor de 30 reservas en lo particular, tres correspondían al Partido Acción Nacional (PAN), relativas a que se hagan públicos los resultados de las evaluaciones; evitar que se entregue la plaza al maestro a los seis meses de haber ingresado, y evitar la exclusividad para normalistas en dos años de transición.

Antes, por la tarde, las Comisiones Unidas sesionaron y en menos de una hora avalaron la minuta sin cambios, mientras el pleno estaba en receso en espera del documento.

El secretario de la Comisión de Educación, Raúl Morón, del PRD, criticó el aval en tan sólo “25 minutos” en Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos, y afirmó que ese tiempo “no alcanza” para analizar el tema a fondo; consideró que la reforma busca acotar los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), destacó las virtudes de la reforma y aseguró que se escuchó a todos los actores.

Destacó que con esta ley se combate el fenómeno de las comisiones que se les asigna a los maestros con goce de sueldo, y dijo que hay entre 80 y 100 mil comisionados.

Romero Hicks destacó que ahora el ingreso y promoción será mediante concursos de oposición y que la evaluación será obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio.

La vicepresidenta del Senado, Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), defendió la conclusión de la reforma y aseguró que la educación en México avanzará en calidad.

La senadora de Nueva Alianza Mónica Arriola anunció su voto a favor, aunque la reforma afecta asuntos laborales; advirtió la evaluación no va a resolver sola la crisis del sistema. Pensar así, indicó, significaría un retroceso.

El senador del PRD Mario Delgado dijo que al hacer énfasis en lo laboral, la ley deja de tener congruencia con la reforma constitucional, y deja de ser una reforma educativa.

“Nos faltan los mejores maestros, este era el objetivo del Servicio Profesional Docente”, asentó.