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El Senado aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Penales, que abroga el federal vigente desde 1934, y que reglamenta los juicios orales, además de contener reglas y mecanismos que lo convierten en un instrumento que hará realidad el nuevo sistema de justicia penal y abatirá la impunidad, afirmaron las bancadas en tribuna.

Al cabo de un año de llevar un proceso legislativo, que incluyó consultas con expertos y sectores interesados e incluso una prueba de operatividad, con base en un programa virtual que conocieron los legisladores en comisiones como “simulador”, el nuevo ordenamiento jurídico mereció el elogio de los grupos parlamentarios y pasar, desde luego, por unanimidad en el pleno.

El Código Nacional de Procedimientos Penales reglamenta los juicios orales y entrará en vigor a nivel federal de manera gradual; esto es, sustituirá a los códigos locales. La uniformidad en los procedimientos es uno de los compromisos del Pacto por México.

Dicho ordenamiento consta de 490 artículos, distribuidos en 13 títulos, y falta que los revise la Cámara de Diputados, dentro del calendario que señala la reforma en materia de justicia de 2008, que fija un plazo de ocho años para su completa aplicación, por lo que se está en tiempo para que este código entre en plena aplicación.

Los juicios orales requerirán de infraestructura, como salas y equipos de grabación de audiencias, además de recursos humanos y profesionales necesarios para el cumplimiento de los mecanismos que integran este instrumento.

El código enorgullece a quienes participaron en la elaboración del dictamen, coincidieron en señalar en tribuna los senadores Roberto Gil (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, y Alejandro Encinas (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, así como Manuel Camacho (PRD), Pablo Escudero (PVEM), Pilar Ortega (PAN), Arely Gómez (PRI), José Martínez (PAN) y Angélica de la Peña (PRD).

Gil dijo que se abandona el proceso inquisitorio, oscuro y sin debate probatorio ante el juez, y por el contrario señala los procedimientos para los juicios orales con respeto a los derechos humanos.

Pablo Escudero expuso que los legisladores que trabajaron en el dictamen del código “estamos muy orgullosos de nuestra participación en un instrumento jurídico que cambiará la justicia en México”.

Manuel Camacho felicitó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, por el trabajo excepcional que llevaron a cabo.

Arely Gómez destacó que el código prohíbe la exposición en medios de comunicación de imputados; además, subrayó que la libertad es la regla y la prisión será excepción, y de esa manera disminuirá el número de personas en prisión preventiva.