El día de ayer, en sesión ordinaria, el pleno del Senado aprobó en lo general el nuevo Código de Procedimientos Penales Único (104 votos a favor). Esto sucede a pocos meses de que la Cámara de Diputados realizara la Declaratoria para reformar la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución en la materia. De la mano de sus promotores (México SOS, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Ciudadano, Convivencia sin Violencia, Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, el Observatorio Nacional Ciudadano) finalmente se alcanzó el consenso necesario para aprobar un código que tiene la difícil misión de reemplazar a los 33 códigos existentes en el país (uno por cada entidad).

Lo mismo para todos

Visto a la distancia, es un logro monumental porque se pensaba en otro código federal pero no en una propuesta única armonizada al mismo tiempo con la reforma penal en curso. Para esto fue imprescindible construir una red de adhesiones mínimas extendidas y, además, restarle al Ejecutivo su capacidad para decidir los procedimientos de las sanciones penales. Por primera vez en la historia del derecho en el país, representantes de diferentes fuerzas políticas discutieron y llegaron a un acuerdo sobre los procedimientos de las penas que deben aplicarse a cualquier caso o persona que se encuentre en México.

La novedad y el enorme desafío de este código es que su aplicación incluye el fuero federal y local, pero al mismo tiempo deja competencias a los estados. Y la gran promesa es aumentar el nivel de coordinación de las autoridades y establecer un sistema nuevo de responsabilidades y competencias que permitirá una mejor rendición de cuentas en el ámbito penal.

Pero aunque es un paso importante, todavía es una aspiración y tiene por delante al verdadero diablo: la implementación. Su entrada en vigor debe estandarizar 1) el universo de reglas de investigación y persecución de delitos, 2) los distintos procedimientos penales, 3) los programas de capacitación de los operadores del sistema (policías, ministerios públicos, defensores de oficio, jueces, etc.) En apretado resumen, una revolución de las reglas, prácticas, cultura, costumbres y también de intereses policiales y judiciales. Y no sería la primera vez que una buena idea se echa a perder en la realidad de las corporaciones y burocracias de nuestro país.

*Investigador del CIDE