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El gobierno de México y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, deben encontrar la manera de hacer que Rafael Caro Quintero sea enjuiciado en Estados Unidos, ya que su liberación podría afectar las relaciones entre ambos países, señaló Michael McCaul presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes estadounidense, quien confió en que las condiciones se den para una posible extradición del capo mexicano, quien fue puesto en libertad la semana pasada.

Pese a la liberación de Rafael Caro Quintero, el gobierno de Estados Unidos aún puede juzgar al narcotraficante, por lo que se mantiene en contacto con el gobierno mexicano al respecto, dijo McCaul, uno de los legisladores republicanos que más ha solicitado reforzar la frontera, especialmente en contra de los cárteles del narcotráfico que han utilizado a Texas como un refugio ante las agresiones de sus rivales.

El congresista dijo a EL UNIVERSAL que la liberación de Caro Quintero recibió una respuesta negativa de parte de diversos sectores de Estados Unidos, debido a que envía una mala señal sobre las acciones que el nuevo gobierno de México ha emprendido.

Incomprensible liberación

Estableciendo el respeto a las decisiones de México, McCaul dijo que para cualquier persona resulta incomprensible que jueces liberarán a Caro Quintero después de 28 años de permanecer en la cárcel, por lo que muchos cuestionaron por qué hasta ahora.

Esa liberación, explicó, puede afectar de alguna manera la relación entre Estados Unidos y México, pero externó su confianza porque el gobierno de México logre encontrar una opción legal o permita la extradición de Caro Quintero para ser juzgado por los delitos cometidos contra ciudadanos estadounidenses.

El legislador texano comentó que si bien las autoridades mexicanas ya ha externaron su intención de encontrar la vía legal para procesar a Caro Quintero, el gobierno de Estados Unidos espera que en caso de no existir más delitos en México, se facilite su extradición a territorio estadounidense.

El pasado viernes, un tribunal federal dejó en libertad a Rafael Caro Quintero, quien fue acusado por el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA (la oficina antidrogas de Estados Unidos) Enrique Kiki Camarena Salazar, en 1985.

PGR critica a tribunal

De acuerdo con el fallo del tribunal, Caro Quintero debió haber sido acusado ante un juez del fuero común y no del ámbito federal como se hizo. La Procuraduría General de la República (PGR) criticó la decisión del tribunal y dijo que el caso del capo debió haber sido enviado por el tribunal al juez que considerara competente, pero no debería haber liberado al reo.

Tras la liberación de Caro Quintero, el legislador McCaul reiteró su petición porque se refuerce la frontera con México mediante el despliegue de más tecnología, con lo que los agentes de la Patrulla Fronteriza podrán tener acceso a la operación de vehículos aéreos no tripulados y sistemas de vigilancia similares a los que el ejército de Estados Unidos ha utilizado en Afganistán.

El legislador republicano Michael McCaul, junto con los legisladores demócrata, Henry Cuellar y el también republicano, Blake Farenthold, de Corpus Christi, han presionado al gobierno federal de Estados Unidos por más drones predator para la frontera Texas-México.