El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de pretender confundir a la opinión pública al atribuirle a la máxima casa de estudios la culpabilidad de no sancionar penalmente y decir que quedó en la impunidad el caso de la menor acosada sexualmente por un profesor en la Preparatoria 9.

"La UNAM no es Ministerio Público (...) ¿Ahora se pretendería que las Instituciones de Educación Superior se erigieran en persecutoras de los delitos?",dijo el defensor  durante una conferencia de prensa, realizada esta noche en la rectoría de la UNAM.

Reiteró en varias ocasiones que se cumplió con el marco jurídico del estatuto general de personal académico, donde la máxima sanción es la separación del cargo, hecho que se dio el pasado 14 de mayo.

Rechazó que las respuestas que ha dado la UNAM en el caso de la joven sean por motivos políticos, donde se ha mencionado su pretensión de aspirar a la presidencia de la CNDH el próximo año.

González Pérez aseguró que cuando se conocieron los hechos se hizo una llamada a la familia, se le pasó al servicio médico y se habló con el Ministerio Público (MP) para que recibiera a los familiares, así como el abogado de la Escuela Nacional Preparatoria 9, quien se trasladó a la agencia del MP.

"La UNAM puso en conocimiento del Ministerio Público todos los eventos que le han sido requeridos pero no nos confundamos el Ministerio Público es el que tiene en sus manos la integración, en su caso la consignación de la solicitud de orden de aprehensión. Que curioso que intervienen autoridades ministeriales y la recomendación sólo se dirige a la UNAM", argumentó.

El abogado anunció que en el término del plazo, para dar respuesta a la recomendación, que vence el próximo 20 de noviembre, darán respuesta a cada uno de los cuestionamientos que ha ventilado el organismo nacional.

La CNDH emitió una recomendación dirigida al rector el pasado martes en el que señala que el caso de acoso de la alumna de la preparatoria 9 quedó impune, y luego indicó en un comunicado que la UNAM omitió deslindar responsabilidad administrativa a efecto de inhabilitar al docente denunciado para evitar que continuara impartiendo clases e impedir que se repitieran casos como el que nos ocupa "la única determinación que se tomó fue rescindir laboralmente el contrato con ese profesor".

La CNDH señala que además de la responsabilidad administrativa, quedó pendiente la responsabilidad penal; "por ello, en la recomendación se le solicita al rector que se tomen las medidas para que acompañe a la CNDH a dar el trámite debido a la denuncia penal por este caso en concreto y otros similares donde se hacen referencias de este profesor".

El miércoles el propio rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que este hecho no hubo impunidad y expresó su sorpresa porque la CNDH haya hecho pública esta recomendación cuando el plazo para dar atención se vence hasta el 20 de noviembre.

La UNAM señaló que la institución aceptará la recomendación referida con las observaciones y precisiones respectivas, pero dejó claro que "llama la atención que se hagan imputaciones directas a la oficina del Abogado General (Luis Raúl González Pérez) que en todo momento ha ofrecido su apoyo y sorprenden las afirmaciones de la Comisión que faltan a la verdad. Entre ellas, una inadmisible en el sentido de que el caso quedó impune".