Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por la decisión tomada el martes por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para definir la jerarquía de la Constitución y los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos.

Con 10 votos a favor para resolver la contradicción de tesis 293/2011, los ministros decidieron el martes mantener el rango constitucional de los derechos fundamentales de fuente internacional, sin embargo establecieron que cuando haya una restricción expresa en la Constitución, prevalecerá el criterio de esta última.

En un comunicado, la organización no gubernamental recordó que la reforma constitucional de 2011 en la materia estableció el principio pro persona, a fin de brindar la protección más amplia.

Sin embargo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la decisión de los ministros de la Corte de no confirmar ese principio y, en cambio, que prevalezcan las restricciones establecidas en la Carta Magna.

A su decir, el proyecto aprobado plantea diversas interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

"Por ejemplo, el arraigo, los estados de excepción y otras medidas establecidas en la Constitución que puedan brindar menos protección a las personas que aquella consagrada en los tratados internacionales de derechos humanos", señaló.

En el texto recordó que según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, del cual México es integrante, "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".

El organismo internacional abundó que a pesar de que los recursos del sistema internacional de defensa de las garantías fundamentales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) podrá utilizarse luego de agotar los recursos nacionales, espera que los casos se resuelvan de acuerdo con el principio pro persona.

El organismo reconoció que la Corte estableciera que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces del país en todos los casos que favorezca a la persona, aun cuando las sentencias no sean relativas a México.

jlr