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El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, negó que existan retrasos en el proyecto de la red móvil mayorista, y aseguró que tanto el instituto como la SCT han suscrito un convenio de colaboración y trabajan “en forma coordinada” para evitar que la carga regulatoria que imponga el IFT afecte al modelo de negocio, o viceversa.

Sobre la presentación ante el IFT del plan de desincorporación de activos de América Móvil, para dejar de ser agente económico preponderante, dio a conocer que “hasta el momento” esta empresa no lo ha presentado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, agregó que aunque desconoce las razones de la tardanza en presentarlo, indicó que es una decisión que tiene que ver con muchas cuestiones y, por ello, “es algo que no se puede hacer de un día para otro, pues implica revisar estructuralmente todos los servicios que se prestan, para hacer un plan que cumpla estos objetivos y, además, sea atractivo para el agente económico”. 

Con relación al apagón analógico, el IFT no tendrá facultades para verificar los datos de penetración que le entrega la SCT sobre su programa de reparto de televisores. ¿Les preocupa a ustedes que cuando se decrete el apagón, no puedan evaluar que se haya llevado este proceso a cabo?

—No tenemos atribuciones para verificar si se hizo la entrega. Nuestra obligación será únicamente asegurarnos del lado de la transmisión, que se cumple con lo que ordenamos, que las señales digitales estén prendidas, que tengan los parámetros que les autorizamos para que tengan la cobertura que tienen registrada y, en ese momento, ordenar el apagón.

Hay que tener claro: corresponde al gobierno la entrega de los aparatos y a nosotros el deber de apagar cada vez que se nos informe que se cumple con el 90% de condiciones de penetración que prevé la propia ley. 

El próximo 14 de enero se hará el apagón analógico en las ciudades de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

—La SCT nos notificó que se habían logrado esas condiciones de ley en esas tres localidades, así que le correspondió al IFT ordenar el apagón y estaremos previendo, como lo ordena la ley, tener un espacio de cuatro semanas entre que se ordena el apagón y la fecha que entra en vigor, para asegurarnos que toda la población esté informada. Al respecto, hemos iniciado una campaña de difusión muy intensiva para que la gente sepa qué día y a qué hora dejarán de recibir la señal analógica. Quienes recibieron los aparatos que les permiten ver la señal digital no tienen ningún problema, pero el resto de la población tiene que saber que si su aparato no es capaz de recibir la señal digital, necesitará una televisión digital o un decodificador para asegurase que va a seguir recibiendo la señal. 

¿Se tiene cuantificado ese porcentaje de la población que podría quedarse sin señal?

Estamos revisando toda la información que nos mandó la SCT para asegurarnos por localidad, en números duros, qué significa ese 90% que ordena la ley, al margen del análisis que implicará campañas de información que hemos trabajado con la iniciativa privada, para que existan a disposición del mercado suficientes aparatos que permiten que se reciba la señal. 

El 31 de diciembre del próximo año debe concretarse el apagón en todo el país, ¿qué falta?

—La SCT y el IFT tienen una coordinación muy fluida; la secretaría, en las diferentes reuniones de trabajo, nos informa que va avanzando de manera satisfactoria el cumplimiento de entrega de equipos decodificadores, por lo que es previsible que después de esta prueba catalogada como piloto por ellos mismos, empiecen a notificarse con mayor frecuencia las localidades a las cuales corresponde seguir apagando.

Este ejercicio va a ser muy útil, porque nos va a permitir identificar del lado de la implementación de los decodificadores, qué mejoras puedan hacerse a estos programas y, con base en eso, nosotros podremos ir apagando. Sí será necesario ver, atendiendo esta frecuencia, y a los apagones que vayamos consiguiendo, qué tan cerca o tan lejos estamos de la meta de concluir a fines de 2015, (pero) del lado de la transmisión estaremos listos y en condiciones para dar este apagón.

Me parece que habrá que esperar los resultados de estos primeros apagones para ver cómo se sigue desarrollando esta implementación por parte del gobierno federal, y del lado de la transmisión, en qué condiciones estamos para lograr este apagón definitivo. 

Para hablar un poco de la controversia sobre la portabilidad numérica que ha habido con los legisladores, con algunos comisionados o con el instituto, ¿siente que el debate que se está dando aporta, es constructivo o simplemente se está buscando un desgaste?

—Más allá de los juicios de valor sobre las pretensiones de cada quien, es importante tener presente lo que dice la ley: nos establecieron un plazo para emitir reglas con el fin de hacer efectiva la portabilidad numérica en no más de 24 horas. Desarrollar los sistemas y asegurase de que todos los operadores en el mercado los estén implementando. Ha tomado en otros países más de 100 días; en el caso de México debemos asegurarnos, además, que no se ponga en riesgo la continuidad de las 17 millones de líneas que han portado.

En conclusión, hay una serie de pasos que hay que dar pronto, la pregunta que hago ¿es posible que todos esos pasos se den el mismo día que el instituto emita las nuevas reglas de portabilidad? Por supuesto que no, se necesita dar un plazo prudente para que esto tenga lugar, y el plazo que se dio fue de 90 días, de ninguna manera implica que no podamos ver medidas inmediatas con los actuales sistemas en lo que se desarrollan los nuevos; ahí previmos la reducción de requisitos y los pasos para la portabilidad numérica. 

¿Cree que los temas de larga distancia, interconexión y portabilidad son una forma de presionar al regulador por intereses particulares?

—Todos tenemos mucha prisa en asegurarnos que los objetivos de la reforma constitucional se hagan realidad para todos los usuarios; puedo entender esa prisa por parte de los actores involucrados en la reforma, de los operadores, pero sobre todo de los usuarios; son temas en los que ha faltado mayor información. Particularmente ciertos personajes han estado haciendo énfasis en que la consulta a lo que va a llevar es que se haga un cobro disfrazado de la larga distancia nacional, que finalmente va a repercutir en el usuario final, creo que sí valdría la pena que se desmintiera eso y decir que no hay absolutamente ningún cobro disfrazado, hay un mandato legal, a partir del primero de enero del próximo año, no hay cabida al cobro. Sería un fraude a la ley y eso no va a pasar. 

¿Cree que proceda una controversia?

—Los juicios que se hagan sobre nuestra actuación es algo que no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde hacer nuestro trabajo en lo mejor de lo posible, comunicarlo de la mejor forma, y lo demás son juicios que escapan a nuestro alcance; si se interpone una controversia, me parece que estarían agotando una vía institucional, serán las autoridades competentes las que dirán si estamos haciendo lo correcto. 

¿Con qué sabor de boca se queda el IFT, de que sólo haya tres participantes finales por las nuevas cadenas de TV? ¿Qué pasó: no lo vieron como negocio o no había personas que tuvieran la capacidad tecnológica y económica para sacarlo adelante?

—Nos correspondía generar las mejores condiciones para que viniera la mayor cantidad de competidores posibles, y eso hicimos. El instituto entregó ocho boletos para que vinieran a inscribirse, y vinieron tres como se anunció públicamente, lo que es importante es que tenemos un proceso competido, y esperemos que esto arroje dos nuevos participantes en el mercado. 

En esta parte, ¿usted considera que fue falta de liquidez de los otros o que es un mercado muy concentrado que no es atractivo?

—Obedece a varias razones, pero hay que decirlo, es un mercado que se encuentra concentrado en nuestro país, y esta concentración ha permitido arraigo en los contenidos que hoy se tienen, esto implica una barrera importante a la competencia, y un esfuerzo importante de inversiones para poder hacer una oferta competitiva, son cuestiones de negocio que ves en cada uno de los promoventes. 

Independientemente de quien resulte ganador o ganadores de estas dos nuevas cadenas, ¿considera que se va a transformar el mercado con estos nuevos participantes?

—Hablando del mercado de radiodifusión y televisión abierta, actualmente tenemos a dos competidores muy importantes en el mercado nacional y tener la posibilidad de tener dos más, abre un abanico muy importante de posibilidades, en cuanto a oferta, mejores condiciones y siempre que hay mayor oferta, repercute en forma positiva en el usuario. 

¿Qué papel pretende jugar el instituto sobre el proyecto de la red mayorista? La Constitución obliga al IFT a definir el modelo de concesión de éste y todavía no queda claro cuando se tendrá listo.

—Es un trabajo en marcha, la utilización de la banda de 700 MHz en la red compartida mayorista, es una responsabilidad que corresponde al Ejecutivo federal en coordinación con el IFT, cada uno en el ámbito de sus atribuciones; el instituto es la autoridad que tiene a su cargo la regulación de la prestación de los servicios, la utilización del espectro y de las redes, estamos trabajando, en todo lo que tiene que ver con la carga regulatoria que podría aplicarse a esta red; lo que corresponde al Ejecutivo federal es la puesta al mercado de este proyecto como ha anunciado ya la SCT.

Estamos trabajando de forma coordinada, porque una cuestión incide directamente en la otra. La carga regulatoria que imponga el instituto puede afectar al modelo de negocio, con base en el cual la SCT ponga a disposición de una Asociación Público Privada (APP) el proyecto, y al revés, la forma en la cual se tome la decisión de ponerla a disposición del mercado, tiene un impacto en su conjunto en la realidad del proyecto, que por supuesto interesa al instituto como a la SCT. Por estas razones, firmamos un convenio de colaboración con esa Secretaría, y se prevén pasos para asegurarnos de cumplir cada uno con lo que nos corresponde. 

¿Cómo va el avance?

—Va bien, la SCT ha iniciado pláticas con posibles operadores de radiobases, para llevar a cabo pruebas experimentales; en lo que toca a esta etapa, a nosotros nos corresponde otorgar las concesiones de uso experimental. Llevamos un trabajo muy avanzado y en breve se someterá a consideración del pleno el otorgamiento de estos títulos que permitirán a la SCT hacer estas pruebas que, además, van a redundar en beneficios para que el propio instituto incorpore los resultados en la carga regulatoria. 

¿Qué tanto interés ha existido de posibles postores?

—Tenemos noticia de que se han acercado a ellos (la SCT) diversos inversionistas, como lo han hecho con nosotros, yo no tengo noticia de un proyecto en particular. Lo prudente es esperar a conocer toda la carga regulatoria que implica este proyecto, qué expectativa de negocio puede ver el mercado en este proyecto, y a partir de ahí es donde veremos con mucha más claridad posibles postores. 

¿En que se podría utilizar, para que la gente entienda?

—Esta banda ofrece posibilidades ilimitadas para el país, vamos a tener 90 Mhz continuos en todo el país a ser utilizados para proveer capacidad para servicios de comunicaciones de banda ancha. La pretensión de la reforma constitucional es asegurarnos de que haya mejores condiciones de acceso a internet, a mejores velocidades y mejores precios para todo el país. 

¿Qué tanto impacto ha tenido la reforma en un contexto en el que la economía no está en sus mejores momentos y hay un sector de telecomunicaciones que ya no es tan boyante como era hace unos años atrás?

—Hay interés por invertir en el país, la intención de comprar empresas transnacionales, como AT&T o Iusacell en México, revela un apetito por invertir que refleja confianza en el nuevo marco jurídico y en el regulador. Por otro lado, se ha diversificado la oferta de los actuales operadores en el mercado, tenemos nuevos paquetes con nuevos precios y es producto de la reforma. Hay más buenas noticias como es el caso de la larga distancia, me parece que están cambiando las condiciones. 

¿Espera más inversiones o nuevos jugadores para lo que resta del próximo año, además de AT&T y otros que se han comentado?

—Eso es lo que estamos buscando, estamos generando las condiciones para traer la mayor cantidad de inversionistas posibles. 

¿En el caso de América Móvil cómo va el proceso de desincorporación?

—Como se hizo del conocimiento público tenían la intención de presentar al IFT un plan de desincorporación de activos para dejar de ser agente económico preponderante, pero hasta el momento no lo han presentado. 

¿Tienen un plazo?

—No, en el momento en que presenten el plan comienzan a correr los plazos para la evaluación, el análisis, la autorización, la implementación y después la revisión de las consecuencias que tendría. 

¿Cree que perdieron el interés en hacerlo rápido, cuando se dieron cuenta que no podían participar por una cadena de televisión?

—Desconozco las razones, es una decisión que tiene que ver con muchas cuestiones: un plan de desincorporación que reduzca su participación nacional por debajo de 50%, que tiene que ver con atender la calidad de preponderancia, el número de usuarios que tiene, que esta desincorporación tenga el efecto de tener mejores condiciones en el mercado, es algo que no se puede hacer de un día para otro, es algo que implica revisar estructuralmente todos los servicios que se prestan, para hacer un plan que cumpla con estos objetivos y, además, siga siendo atractivo para el propio agente económico, en la continuidad con la participación en el mercado con la que se quedaría.

jram