La iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y servicios busca mejorar los procesos de contratación y administración de la obra pública federal con prácticas más claras y eficientes, explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

En el marco de la presentación de Reforma a la Ley de Obras Públicas, en la residencia oficial de Los Pinos, detalló que "la obra pública es una manifestación tangible de la tarea de gobernar, se hace para el presente y crea un patrimonio para el futuro en beneficio de la sociedad" .

Esta iniciativa, expuso Ruiz Esparza ante el presidente Enrique Peña Nieto, contiene propuestas que fortalecen y simplifican el marco jurídico que regula la obra pública, con disposiciones que agilizan y transparentan los procedimientos de licitación, contratación, ejecución y terminación de las obras.

En su elaboración, agregó, se contó con la opinión del sector de la construcción, de la representación gremial de los ingenieros civiles y de académicos especializados en la materia.

Además, contó con la participación de la industria de la construcción y sus afiliados; en este proceso, se consideró el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional de Infraestructura.

"El programa contempla una inversión sin precedentes por 7.7 billones de pesos, lo que nos permite visualizar los desafíos inmediatos derivados, tanto de la cantidad, como de la magnitud de los proyectos contemplados" .

Así, precisó, se incorpora el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante, que establece criterios para clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada.

También se añade la figura de gerencia de proyectos que posibilitará la contratación de servicios integrales de planeación, organización y control de la obra, se promueve el uso de Compranet como una herramienta informática para realizar procedimientos de licitación y se implementa la bitácora electrónica que permitirá el seguimiento de las mismas.

El funcionario indicó que también se incluye la firma electrónica como un medio para agilizar los procedimientos y señaló que "con la publicidad del proceso en su conjunto mediante medios en línea se cierran posibilidades de discrecionalidad, dilaciones e incluso se reducirán gastos de traslado y producción de impresos" .

Informó que se reducen a un máximo de dos las juntas de aclaraciones a realizar en los procesos de licitación para evitar que éstos se prolonguen, lo que deriva en mayor rapidez en las contrataciones de obras públicas.

A su vez, expuso, se definen los actos que dan inicio y concluyen los procesos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, con lo que se establecen reglas para adjudicar directamente una obra.

Esta iniciativa propone que la Secretaría de la Función Pública (SFP) emita lineamientos que precisen la metodología para realizar investigaciones de mercado, mientras que para profesionalizar los trabajos de supervisión externa se establece responsabilidad civil para empresas supervisoras que incumplan con sus obligaciones.

Añadió que en el caso de una recisión o terminación anticipada de contrato se propone que las autoridades notifiquen al contratista una decisión que contenga el finiquito correspondiente, con lo que "se privilegia la ejecución de la obra interrumpida, permitiéndose la continuación de la misma en un menor tiempo" .

La incitativa propone métodos alternativos de solución de controversias como el peritaje y la conciliación; añadió que una de las propuestas de los constructores organizados fue que en los procesos de contratación se opte por personas físicas y morales mexicanas.

Para fomentar la formalidad en el empleo así como los derechos de los trabajadores se establece que las entidades públicas que soliciten obras notifiquen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al detectar irregularidades por parte de los contratistas respecto a sus obligaciones en materia de seguridad social o del Infonavit, agregó.

tcm