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El proyecto de dictamen de la Reforma Financiera confiere al Banco de México (Banxico) la facultad de regular comisiones, tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de los bancos y otras entidades financieras.

El Banco central mexicano podrá evaluar si existen condiciones de competencia, para evitar prácticas abusivas en contra de los usuarios.

El documento de 660 cuartillas, cuya copia obtuvo EL UNIVERSAL, plantea que en los contratos de crédito al consumo, éstos podrán darse por terminados en el momento en que el cliente lo decida y sólo continuará en vigor para el pago del principal e intereses.

Las entidades financieras deberán eliminar el pago de comisiones o establecer menores cargos a sus cuentahabientes o acreditados cuando éstos utilicen infraestructura propia.

“Se considera que sea la autoridad la que controle las excepciones a las prácticas discriminatorias, para evitar que por interpretaciones erróneas a la ley se logren concentraciones indebidas”, indica el documento.

Además, el proyecto de dictamen de la Reforma Financiera revela que se facilitarán los mecanismos para la portabilidad de nómina, sin penalización para el usuario, y se redefinirá el mandato de la banca de desarrollo.

Otro punto relevante que contempla el documento a dictaminar es la creación por parte de la Condusef, del Buró de entidades financieras, que se integrará con la información proporcionada por los intermediarios, las autoridades y los usuarios. Un buró independiente al de crédito (sistema de información crediticia), que será público y que incluirá comisiones, contratos de adición, productos y servicios, reclamaciones y sanciones a intermediarios. Éste no contendrá información respecto a particulares, únicamente de entidades financieras.

A su vez, se le otorgan más facultades a Condusef para que los contratos que ofrecen los intermediarios no contengan cláusulas abusivas.

“En caso de incumplimiento, la Condusef podrá imponer multas de 200 hasta 2 mil días de salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal”, así se desprende de este proyecto de dictamen elaborado por integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

El proceso

El viernes están citados los legisladores quienes comenzarán con el proceso para dictaminar las 13 iniciativa, que en conjunto proponen modificar 38 leyes y 14 decretos.

Es probable que el proyecto de Reforma Financiera pase al pleno el martes o jueves de la próxima semana.

Para que ello se concrete, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tendrán que revisar mil 200 páginas y un documento anexo con modificaciones muy extenso.

Por la extensión de la propuesta, que se presume es incluso más amplia que el presupuesto, se prevé que la discusión se prolongue varias sesiones en el pleno.

El paquete de modificaciones al sistema financiero se presentó en mayo pasado. En la iniciativa se incluyeron varias voces: la de los banqueros que pedían seguridad jurídica en la recuperación de las garantías, la de las empresas y familias en su demanda de mayor acceso a crédito y más barato, así como la de los consumidores, quienes son víctimas de abusos por parte de algunas instituciones.

Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aseguró que la propuesta redundará en mayores beneficios para el país, por ello, “la iniciativa debe aprobarse tal y como está”.

El funcionario de Condusef aseguró que los bancos tendrán un entorno más favorable para la colocación del crédito, mientras que los clientes tendrán mayores herramientas de información para una mejor toma de decisiones.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan alrededor de 74% del empleo en México y su acceso al financiamiento bancario es de sólo 15% del total de los créditos.

Por ello, la necesidad de fortalecer los mecanismos para que la banca aumente la asignación de préstamos.

La Asociación de Bancos de México (ABM) reveló que la penetración de la banca respecto al Producto Interno Bruto (PIB) es de apenas 26%, mientras que en economías similares como Chile llega a 71% y en Brasil a 61%.

Otra de las preocupaciones de las autoridades financieras es la elevada concentración, ya que sólo cinco bancos tienen 74% del otorgamiento de préstamos.

La reforma al sistema financiero trabajará sobre varios ejes: incrementar la competencia; fomentar el crédito vía la banca de desarrollo redefiniendo su mandato, así como fomentar los préstamos mediante las instituciones financieras privadas, para lo cual se mejorará el régimen de garantías. También se crearán las condiciones para mantener un sector financiero sólido y prudente y buscará hacer más eficaces a los intermediarios y el actuar de las autoridades.

Entre otros aspectos del proyecto están: inhibir prácticas anticompetitivas. Para ello, se fortalecerán las atribuciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Se aclarará y ampliará la regulación que permite la portabilidad de operaciones entre instituciones financieras, de manera tal, que se facilite la movilidad de los clientes de la banca.

Se indica de manera explícita a nivel de ley que los bancos tienen prohibido realizar ventas “atadas” y de igual forma. Para reducir la concentración y fortalecer la competencia, se solicitará, una vez que se apruebe la reforma, que en 120 días, la Comisión Federal de Competencia (CFC) realice un diagnóstico sobre la situación competitiva del sector.

Incluso, se prevé facilitar la transferencia de garantías crediticias en caso de refinanciamiento de empréstitos, a fin de promover la competencia entre instituciones y se contempla la posibilidad de que exista un buró de crédito universal.

Además, se adoptará un esquema de corresponsalías para el sector de ahorro y crédito popular, lo que permitirá elevar la penetración de los servicios financieros en la población.

Se ajustarán diversos aspectos normativos de la operación de Grupos Financieros y Uniones de Crédito, al tiempo que se mejorará la regulación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para ordenar el mercado y fomentar el otorgamiento de crédito.

En lo que respecta a la banca de desarrollo, se buscará que su único objetivo sea ampliar el crédito, para lo cual se propone redefinir su mandato; ordenar la implementación de estrategias que hagan más productivo el uso del capital; permitir auto-determinar su estructura organizacional y dotar de herramientas para alinear las remuneraciones económicas al desempeño laboral.

Mejoran estado de derecho

Las autoridades financieras hicieron eco de las peticiones de la banca y buscarán simplificar los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias para lograr una reducción de los riesgos y, por tanto, una disminución en las tasas de interés.

Se mejorará el marco jurídico que regula a los concursos mercantiles de empresas comerciales para fomentar la confianza en la eficiencia de los procesos y se modernizará la regulación de los almacenes generales de depósito a efecto de que los certificados de depósito que éstos emitan sean una garantía segura que permita la expansión del crédito.

Evaluarán a bancos

En el documento se establece un esquema de evaluación periódica a los bancos en relación con los niveles de crédito que colocan. Se faculta, incluso, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que imponga las medidas necesarias, con el propósito de que las instituciones de crédito canalicen mayores recursos al financiamiento.

Y se fortalecerá el régimen jurídico de los órganos de coordinación en materia de inclusión financiera, a efecto de que los esfuerzos de las diversas autoridades sean eficaces en esta materia, además de que se homologan procedimientos de sanción en las leyes en el sector para facilitar la labor de los entes regulatorios financieros.

Otro de los elementos de la reforma financiera en manos de los legisladores es que continuará con el fortalecimiento de los mecanismos contra “lavado” de dinero y prácticas ilegales.