Familiares, compañeros y abogados de líder preso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, exigieron al gobierno de Guerrero su regreso inmediato, luego de que el 28 pasado fueron notificados de que un juez federal concedió un amparo mediante el cual se exige al estado su traslado al penal de La Unión de la entidad, porque nunca debió estar en el penal de máxima seguridad  en Nayarit, desde junio de 2014.

En conferencia de prensa, su abogado, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Teliz García, explicó que desde el 26 de enero  la Juez Tercero de Distrito en el estado, Lilia Maribel Maya Delgadillo resolvió el amparo interpuesto por la defensa declarando la inconstitucionalidad e ilegalidad de su traslado al Penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

La Juez de Distrito en su resolución estableció que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones particulares que motivaron la decisión de trasladarlo al penal de máxima seguridad, lo que implicó una violación a sus garantías de legalidad, razón por la cual ordena al Director General de Prevención y reinserción Social del Estado de Guerrero que de inmediato sea reingresado al Penal de la Unión, Guerrero, como una forma de restituirle sus derechos que le fueron violados.

Marco António Suástegui Muñoz fue detenido de manera arbitraria por la Policía Investigadora Ministerial el 17 de junio de 2014 en Acapulco. Ese mismo día Fue trasladado al Centro de Reinserción Social de La Unión, y posteriormente al Centro Federal de Reinserción Social N° 4 "Noroeste" en el Estado de Nayarit, por instrucciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC) de Guerrero.

Recordó que desde el año pasado en "clara violación al debido proceso", la juez décimo  trasladó a Marco António al Penal Federal en Nayarit, a pesar de no contar con la "orden del Juez Décimo de Primera Instancia con sede en Acapulco, Guerrero quien es la autoridad competente para autorizar el traslado", pues Suástegui Muñoz estaba a disposición de dicho Juez.

Rogelio Téliz explicó que la notificación de la resolución de amparo la tuvieron desde el 28 de enero, de ahí son 10 días hábiles para que las partes agraviadas interpongan un recurso de revisión, si en ese plazo no lo hay, son 24 horas a partir de que fenece el plazo, para que Suástegui siga su proceso, pero en el penal estatal de La Unión. Apeló a la voluntad política del gobierno de Guerrero, pues aseguró que la detención de Suástegui forma parte de una campaña de criminalización a los luchadores sociales.

Al líder histórico de la Parota se le imputaron cinco los delitos del fuero común: despojo, lesiones simples, ataques a las vías de comunicación, robo y homicidio en grado de tentativa. Los delitos que se le imputan, dijo Teliz, no tienen fundamento legal. A Suástegui lo acusa la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) y un empresario gravillero. La primer dependencia, ataques a las vías de comunicación y el gravillero, por los demás delitos.

Abel Barrera, presente en la conferencia de prensa, expresó: "En México es sistemático el uso de los penales de máxima seguridad como forma de castigar a los luchadores sociales, dirigentes sindicales y defensores comunitarios que alzan la voz y defienden sus derechos. La presente resolución evidencia que esta práctica es inconstitucional e ilegal, dado que los traslados contra los dirigentes sociales se llevan a cabo en flagrante violación a la constitución y los derechos humanos".   

crs