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Uno de los pendientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es aclarar 48 mil 442 pagos a maestros en el país, que no pudieron acreditarse con una plaza registrada a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

Esa cifra representa 5.2% de los 918 mil 22 servidores públicos que ocupan plazas registradas y conciliadas en los 31 estados con la dependencia federal, encargada de realizar los pagos a partir de 2015, como parte de la reforma educativa, ya que desde 1992 —con la descentralización— las entidades federativas absorbían los salarios.

Datos de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP indican que existen aclaraciones pendientes en los 31 estados. Encabeza la lista Oaxaca, con 6 mil 904 reclamaciones, seguida del Estado de México, con 5 mil 437; Baja California, con 5 mil 33, y Michoacán, con 3 mil 240.

La SEP detalló que las aclaraciones no corresponden precisamente a personas, sino a jornadas u horas trabajadas por los docentes y que no han sido reconocidas por la federación.

Rodolfo Demetrio Alor, director de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, añadió que “las autoridades educativas locales deberán proporcionar la información faltante que aclare su situación y, en los casos procedentes, se generará un proceso complementario para gestionar su pago”.

Comentó que los casos que no se aclaren o se determinen improcedentes deberán ser pagados con recursos de las entidades federativas, en términos de las disposiciones normativas.

Sección 22 mantendrá bloqueos

El miércoles en la madrugada, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzó un acuerdo con autoridades federales para que se reconozcan a los 81 mil 300 maestros de su plantilla.

Según el acuerdo, del que tiene una copia EL UNIVERSAL, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) se encargará de entregar las listas de los docentes “rezagados” o en “tránsito”, que tendrán que ser aceptadas por el gobierno federal.

“El IEEPO se compromete a realizar los trámites administrativos del personal que se encuentre en tránsito y rezagado (incidencias), a fin de hacerlos del conocimiento de la autoridad educativa federal. La federación, por conducto de la SEP, se compromete a revisar, conciliar y reconocer los trámites citados”, se lee en el acuerdo firmado por Rodolfo Demetrio Alor y por Teresa Castro Corro, directora de la Política Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aun así, la Sección 22 advirtió a sus bases que continuarán las movilizaciones e incluso anunciaron que impedirán las elecciones en el estado. También prevén seguir con su plantón indefinido en el zócalo de Oaxaca.

“Ceden ante presión”

Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, aseguró que con estas acciones, donde se privilegia a un grupo de maestros, se posterga el cumplimiento de la reforma educativa.

“A diferencia del resto de las entidades, la Sección 22 tiene, por razones políticas, dos ventanillas: la de la SEP, donde se reconocen cierta cantidad de profesores; y la de Gobernación, por eso se percibe que el asunto es político y tiene muy poco que ver con lo educativo”, señaló en entrevista.

El investigador puntualizó que “se está cosechando lo que se sembró durante décadas en estados como Oaxaca. Si sembramos vientos, cosechamos tempestades, porque los gobiernos estatales y federal repartieron plazas con la cuchara grande y no hay ni ninguna que no se pague con recursos públicos. La Sección 22, en complicidad con los gobernadores, ha generado este enredo terrible”.

Gustavo López, académico-investigador del Tecnológico de Monterrey, dijo que el gobierno cedió ante las medidas de presión de la CNTE, y no descartó que otros estados, como Michoacán o Guerrero, recurran a esas estrategias para incluir a sus maestros.

Comentó que la depuración de la lista por parte de la SEP será un “proceso más complicado del que se preveía”.

Marco Fernández, investigador asociado de la organización México Evalúa, explicó que con estas acciones se demuestra la “debilidad” del gobierno para aplicar la reforma educativa.

“El Ejecutivo no se ha puesto de acuerdo sobre cómo aplicar la reforma educativa, porque por un lado el secretario Emilio Chuayffet dice que no se le pagará a ningún maestro que no esté en el censo y ahora se cede a las peticiones de la Sección 22”, señaló.