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Monterrey.— Entre 25 y 30% de los casi 12 mil policías estatales y municipales de Nuevo León no son aptos para prestar el servicio de seguridad, según las pruebas de control de confianza a las que han sido sometidos, sin embargo, deben ser aceptados por el déficit de personas interesadas en cubrir las vacantes que dejarían, reconoció una fuente del gobierno estatal.

Resaltó que la cifra es un avance, porque en 2011, en el arranque de las evaluaciones del Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec) del gobierno de Nuevo León, 50% de los agentes reprobaron los exámenes.

Un año después, más de 30% continuaba en esa situación y, actualmente, sólo entre 25 y 30% fueron evaluados como no aptos para el trabajo policial.

Resaltó el déficit a pesar de que los sueldos y prestaciones que se ofrecen tiene buen nivel.

Recordó que en el año 2011, en el proceso para conformar la policía estatal acreditada Fuerza Civil, el gobierno de Nuevo León lanzó la convocatoria a nivel local y en otras entidades; ofreció sueldos de más de 13 mil pesos, bonos de despensa de 600 pesos, dos meses de aguinaldo, prima vacacional, 20 días de vacaciones al año, servicio médico en hospitales privados y facilidades para trasladar a la entidad a la familia y obtener una vivienda.

“Se realizaron más de 100 mil entrevistas para contratar a los 4 mil efectivos que actualmente hay, de los cuales 65% son de la entidad y 35% son originarios de otros estados”, comentó la fuente gubernamental.

“Se pusieron nerviosos”

Mandos de la policía en Nuevo León aseguraron que el hecho de mantener en servicio a oficiales que reprobaron los exámenes de control de confianza, no implica que sean delincuentes; “puede ocurrir que se pusieron nerviosos ante el polígrafo al recordar experiencias incómodas de familiares o amigos, o tuvieron algún problema con la autoridad en el pasado”, señaló uno de ellos, que solicitó el anonimato.

Añadió que está el caso opuesto, si obtuvieron la certificación como elementos aptos no es garantía de que al día siguiente resistan las tentaciones de vincularse con la delincuencia organizada, porque la certificación no es un cheque en blanco, ni es proyectiva, por eso deben someterse a nuevos exámenes de confianza cada dos años o antes en caso de sospecha, y la evaluación deben solicitarla los jefes de las diversas corporaciones.

“En el supuesto de que un elemento policiaco sea considerado no apto o apto con restricciones, siempre corresponde a la autoridad que lo contrató, determinar si lo cesa de inmediato, lo reubica o conserva en el mismo puesto, pero bajo supervisión”, comentó la fuente gubernamental.

El mando policiaco expuso que en su momento algunos presidentes municipales decidieron mantener en su trabajo a elementos que no pasaron las pruebas de control de confianza aplicados por el Cisec.

Como ejemplo, mencionó al panista Mauricio Fernández Garza, quien gobernó San Pedro durante el periodo 2009-2012. “El munícipe ignoró las evaluaciones reprobatorias a su secretario de Seguridad Pública, Camilo Cantú, y al director del C-4, Francisco Javier González Aleu, y a otros 118 elementos de seguridad”.

A Camilio Cantú lo designó asesor en materia de seguridad y a González Aleu lo mantuvo en su puesto los dos años que faltaban para terminar su gestión, mientras que a los 118 policías y mandos intermedios reprobados los reubicó en la Secretaría de Administración con el puesto de “vigilantes”, en diversas categorías, sin modificarles el sueldo.

El alcalde de García en 2009-2012, el priísta Jaime Rodríguez, también se negó a cesar elementos que no pasaron los exámenes de evaluación.