A propuesta de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el Congreso Local, a través de la Diputación Permanente, requirió al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Coahuila, magistrado  Gregorio Alberto Pérez Mata, un informe detallado de los más de 90 millones de pesos que invirtió en la financiera FICREA  S.A. de C.V. y que explique como le hará para resarcir el daño.

Durante la sesión de este martes, la fracción panista también exigió nombres de  él o los responsables de haber autorizado la multimillonaria inversión del Fondo para el Mejoramiento de Administración de Justicia que le fue defraudada al TSJ por FICREA, la cual fue autorizada a operar durante el gobierno del anterior presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (PAN).

La proposición de punto de acuerdo presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), integrada por cuatro legisladores, y aprobada por unanimidad de la permanente, fue leída por la diputada Lariza Montiel Luis, y consta de 5 puntos.

En ella se le pide al líder del Poder Judicial de esta entidad precise el total del dinero que se depositó en la financiera, el origen de los más de 90 millones de pesos, los fundamentos legales para justificar la operación y una copia del contrato o convenio de inversión respectivo.

Asimismo, que por conducto de la Comisión Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, se solicite a la Auditoria Superior del Estado (ASE) que  envíe al Congreso el Informe de la Gestión Financiera que llevó a cabo el Poder Judicial del Estado en el Fondo de FICREA. 

Los parlamentarios albiazules demandan: “los pormenores de este lamentable caso (para que) podamos conocer sus alcances, consecuencias, y en su caso, adoptar las acciones o medidas que sean necesarias para recuperar estos 90 millones de pesos  que son del Fondo para el Mejoramiento de Administración de Justicia”.

“De por sí nos encontramos con graves atrasos; hoy, con esta mala decisión del Presidente del Consejo de la Judicatura, Gregorio Alberto Pérez Mata, se rezaga aún más nuestro Poder Judicial en temas de capacitación, pago del personal, ampliación o remodelaciones de salas o juzgados ( para los juicios orales)”, subrayaron.

Ese dinero se necesita para comprar equipo o entregar estímulos económicos “al buen personal” por mejora de su desempeño, indican las diputadas Lariza Montiel Luis y Yolanda Olga Acuña Contreras y los legisladores Jesús de León Tello y Armando Pruneda Valdez del Grupo Parlamentario “Licenciado Alonso José Ricardo Lujambio Irázabal” del Partido Acción Nacional.

Fue en el sexenio pasado

Al respecto el líder del Congreso de Coahuila, diputado José María Fraustro Siller, declaró que legisladores de todos los partidos políticos respaldan la propuesta, entre ellos el partido mayoritario, el Revolucionario Institucional (PRI) y confían en que la Interpol encuentre y capture a Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de la FICREA, prófugo de la justicia internacional.

“El Poder Judicial tiene que recuperar los recursos invertidos para solventar gastos de la administración de justicia y al igual que algunas instituciones y miles de personas confiaron en la Sociedad Financiera Popular que fue avalada por Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el sexenio pasado”, apuntó.

Refirió que la FICREA, que defraudó con al menos 2 mil 700 millones de pesos a unos 6 mil ahorradores de  10 estados del país,  entró en funciones el 05 de agosto de 2008,  durante el gobierno del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, emanado del Partido Acción Nacional (PAN) por autorización de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El titular de Hacienda era Agustín Carstens Carstens (actual gobernador del Banco de México) y Guillermo Babatz Torres era el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), actualmente es miembro de la junta directiva de Scotiabank.

crs