Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, luego del anuncio hecho por la Procuraduría General de la República (PGR), donde aseguró la instancia que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, inicia un nuevo "derrotero" en la respuesta federal a las movilizaciones que realizan las organizaciones para exigir la presentación con vida de los estudiantes.

Los próximos 2 y 3 de febrero una comisión de dos padres de familia de los 43 desaparecidos y dos activistas acudirán a Ginebra, Suiza, a la octava reunión del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, "van a hablar con el Comité y van a presentar este caso... La lucha se tiene que trasladar por la investigación, que abran más líneas de investigación y a nivel internacional".

Dijo que "es muy lamentable, porque el gobierno está apostando al uso de la fuerza para poder desmovilizar y colocar fuera de la legalidad a un movimiento que surge a raíz de las acciones delincuenciales del 26 de septiembre", a pregunta expresa de la presencia de 3 mil militares en Chilpancingo y mil más en Acapulco.

Además de los 2 mil elementos de la Policía Federal que hay como parte del resguardo de la seguridad, en el contexto de las acciones del movimiento por la presentación con vida de los estudiantes.

Consideró que no puede desavalar la investigación de la PGR en torno a la desaparición forzada de 43 normalistas y asesinato de seis personas en Iguala los días 26 y 27 de septiembre; sin embargo, está incompleta, dijo, porque hacen falta pruebas científicas.

"Es insuficiente, 43 desapariciones no se pueden resolver con cuatro declaraciones, no puede quedarse con los restos que se identificaron con Alexander (Mora Venancio), con eso es insuficiente para poder cerrar el caso".

Las organizaciones seguirán respaldando a los padres de los 43, explicó, pero a mediados de febrero comienza a trabajar de manera formal el grupo multidisciplinario de expertos en desaparición forzada propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que revisen el expediente del caso Iguala y señalen al Estado mexicano los errores, si los hubo o hay, en la investigación; podrían aportar pistas y plantear líneas indagatorias, entre otras aportaciones, que consideró, son valiosas para dar con la verdad de lo ocurrido hace más de cuatro meses en Iguala.

Subrayó que la estrategia de lucha la definirán los padres de los 43 y reiteró que el gobierno federal, en esta nueva etapa "insistan en vincular a un grupo delincuencial (con los estudiantes), es parte de esa Guerra Sucia que se va empezar a dar, desprestigiar a los jóvenes con el crimen organizando; deslegitimar la lucha, la razón. Ese es un riesgo de utilizar la fuerza pública: desvirtuar, minimizar y criminalizar la lucha a los estudiantes, a los mismos padres y a los abogados".

tpc