La Comisión Especial Río Sonora de la Cámara de Diputados federal informó que los daños calculados al momento oscilan en 800 millones de pesos, por lo que consideró una incongruencia la multa de la Profepa de 40 millones de pesos por el derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora.

En conferencia de prensa, los diputados de la Comisión Especial que preside Marco Antonio Bernal Gutiérrez, informaron que de acuerdo con el análisis que realicen luego de esta visita por la zona afectada, podrían solicitar la cancelación de la concesión sobre derechos de explotación de la mina Buenavista del Cobre a Grupo México.

En voz del diputado Bernal, la Comisión expresó la necesidad de endurecer la legislación en el tema para que la reparación del daño sea parte de la multa.

Los legisladores sostendrán un encuentro con los alcaldes de los municipios afectados y realizarán un recorrido por la ribera del Río Sonora para constatar daños desde Ures hasta Cananea, donde se encuentra la mina Buenavista del Cobre, causante de la contaminación en el Río Sonora.

Determinaron que Cananea -donde inició el derrame-, debe incluirse dentro de los municipios afectados, por lo que se sumaría a los otros siete afectados que son Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi, y Arizpe.

Los contaminantes detectados por las últimas revisiones de Conagua son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.

La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la Presa el Molinito.

El diputado Alfonso Durazo, integrante de esta Comisión, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para que sumen esfuerzos, porque "me parece irresponsable de que cada instancia pública de nivel federal o estatal estén caminando por su propia ruta, deben sumar esfuerzos, el problema es muy grande y no pueden ni juntos menos separados trabajando atender y responder el problema de fondo".

Hizo un llamado a los afectados para que no vayan solos a las ventanillas de Grupo México, y que sean los gobiernos federal y estatal quienes exijan una indemnización total de daños.

Los diputados debemos apoyar con una asignación urgente para apoyar a la población en la remediación del daño al sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de los pueblos, dijo.

Esto, teniendo como alternativa quitar la concesión a Grupo México, para lo cual precisó que no se tiene que cerrar la mina, puede llegar otra empresa a seguir explotando bajo las reglas de racionalidad ambiental y si el consorcio no quiere vender se le puede expropiar por causa de utilidad pública, aseveró.

En este contexto, la diputada federal Lorenia Valles Sampedro expresó que la red de corrupción y tráfico de influencias en el caso de Grupo México, se ha tejido a lo largo de la privatización que ha generado el Estado, "queremos sentar un precedente de mano dura, con todo el peso de la ley para que no vuelva a suceder", asentó.

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