El Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, fue sancionado con una amonestación y una multa (sin especificarse monto) por el desalojo violento que llevaron a cabo hace dos meses elementos policiacos estatales en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan que protestaban por la desaparición de oficinas del registro civil.

Al dar cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno estatal informó que se dio de baja a tres servidores públicos; se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a 6 elementos; y se detuvo a seis agentes más por la comisión de distintos delitos.

En un comunicado de prensa, se informó que además el Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, José Montiel, ofreció una disculpa pública a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos en el desalojo en el que días después falleció un menor de edad.

La administración de Rafael Moreno Vallé aseguró que dio cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre.

Indico que se creó la Fiscalía especial de investigación para el caso de San Bernardino Chalchihuapan y como titular de dicha fiscalía se nombró a José Antonio Pérez Bravo.

Se capacitó en Derechos Humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública.

La Secretaría de la Contraloría, inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los Servidores Públicos responsables.

Como resultado de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas con una amonestación y una multa (sin especificarse cantidad).

Esa misma dependencia, determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos.

Asimismo, se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.

La Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan, resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal en contra de probables resposables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes han sido puestos a disposición del mismo juez.

Y se anunció la creación de un Fideicomiso Público cuyo objeto es hacer frente a la reparación del daño e indemnizar a las víctimas de los hechos ocurridos el 9 de julio y a sus familiares, quienes podrán acudir, si así lo desean, a la Dirección General de Víctimas dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para iniciar el procedimiento correspondiente.

cg