La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, ocurrida tras el enfrentamiento entre habitantes y la Policía Estatal Preventiva en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, se debió a las heridas producidas por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por miembros de esa corporación. Al respecto, el gobierno de Puebla aceptó la recomendación y anunció la creación de una Fiscalía Especial para dar seguimiento al caso.

De esta manera, la CNDH descartó que la causa de la muerte del niño de 13 años haya sido por el estallido de un cohetón, como aseguraba la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

También descartó el uso de balas de goma, como lo sostenían miembros de organizaciones civiles. Aclaró que quien arrojó el artefacto fue alguno de los 34 elementos que portaban lanzaderas de gas.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, indicó que hubo uso excesivo de la fuerza y falta de capacitación de los elementos de dicha corporación para disuadir a los manifestantes durante la protesta efectuada el 9 de julio.

De ello, dijo, es responsable el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Facundo Rosas Rosas.

También encontró que la Procuraduría estatal, a cargo de Víctor Carrancá, cometió omisiones en perjuicio de las investigaciones, ya que no recabó evidencias el día de los hechos, emitió un dictamen distinto sobre la muerte del menor y no atendió ni inició investigaciones en torno a otras seis personas que resultaron heridas en el hecho.

Plascencia manifestó que hasta la fecha estos hechos siguen impunes, por lo que recomendó al gobernador Rafael Moreno Valle la creación de una fiscalía para que se deslinden responsabilidades, se sancione conforme al derecho y se investigue a los habitantes de dicha localidad, pues existen indicios de que algunos cometieron delitos.

Por su parte, el gobierno de Rafael Moreno Valle dio a conocer, en un comunicado, que se nombró como fiscal especial del caso a José Antonio Pérez Bravo, ex subprocurador Jurídico de Asuntos Procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del Delito. Además, se determinó que el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Juan Pablo Piña, será el responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones.

En el comunicado, el gobierno de Puebla lamentó “que hayan resultado lesionados civiles y policías” y reiteró sus condolencias a Elia Tamayo, madre de la víctima.

En el Senado, la señora Tamayo exigió la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle, luego de conocer la resolución de la CNDH.

“Me siento defraudada por el gobernador, le quitaron la vida a un inocente. Él siempre dijo que si no podía hacer las cosas bien, se iba, y lo que yo pido ahora es que mejor renuncie”, dijo Elia Tamayo entre lágrimas. (Con información de Alberto Morales)