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CHILPANCINGO

El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, confirmó que hay nueve detenidos por su presunta participación en el atentado al representante de la Canaco en esta capital, Pioquinto Damián Huato.

A su vez, familiares de seis de los arraigados, quienes trabajaban en un autolavado, exigieron su libertad por considerar que son inocentes de los hechos que se les imputan.

Blanco Cabrera reveló que también se recuperaron dos vehículos utilizados presuntamente en el atentado. Éstos se encontraban en un autolavado ubicado cerca de donde ocurrieron los hechos el martes pasado, donde se detuvo a los seis lavadores de autos.

Dijo que los lavacoches están retenidos en la Procuraduría de Justicia del estado y fueron arraigados por 30 días, mientras que los tres restantes, apresados por la Policía Federal, se encuentran a disposición de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la ciudad de México.

El fiscal estatal aseguró que se tienen abiertas dos líneas de investigación: una que va por el ámbito de la delincuencia organizada y la otra en la ruta política, pues el propio empresario interpuso una denuncia donde acusó directamente al alcalde priísta de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, del ataque en su contra y de la muerte de su nuera cuando regresaban de una reunión con la Policía Ciudadana de El Ocotito.

Dijo que aún no se puede hablar de que ya se tienen pruebas para consignar a los seis jóvenes. “Lo que tiene la PGJE son elementos para presumir un probable involucramiento de los hechos. El arraigo será por 30 días, pero es probable que conforme avance la investigación algunos de ellos sean puestos en libertad; todo dependerá de los elementos que se recaben”, dijo.

En relación con la presunta participación del alcalde en el atentado, dijo que la procuraduría tendrá que realizar las diligencias. “En algún momento, el munícipe y otras personas que señaló Pioquinto (Damián) habrán de rendir declaración ante el Ministerio Público”.

Aclaró que el alcalde puede rendir declaración ministerial sin necesidad de ser desaforado; “en todo caso, para desaforarlo, sería porque la Procuraduría ya tuviese los elementos para ejercer acción penal en su contra”.