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Ciudad Victoria

Tamaulipas ocupa el décimo tercer lugar en población, pero cierra 2014 como primer lugar nacional en víctimas de secuestros, quinto en homicidios dolosos, y séptimo en extorsiones, no obstante que los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha, desde el pasado 13 de mayo, una nueva estrategia para enfrentar la ola de violencia desatada por el crimen organizado.

Así lo establece un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se asienta el número de víctimas directas registradas en la entidad.

En un documento anexo, que sólo consigna las denuncias abiertas en procuradurías estatales, se revela que, de enero a noviembre, Tamaulipas registró 596 casos de homicidio doloso; mientras en todo 2013 reportó 555 casos, y si se restan los 46 que hubo en diciembre, el contraste es mayor pues de enero a noviembre del año anterior hubo 509, es decir 87 menos que en el mismo periodo de 2014.

Situación similar ocurre en lo referente a secuestros, pues en 2013 hubo 211 casos, de los cuales 20 se registraron en diciembre; mientras de enero a noviembre de este año la cifra llegó a 244 (33 más), faltando por contabilizar los que se presentaron en diciembre.

Pese a ello, autoridades consideran que la segunda fase de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas tuvo avances importantes, pues argumentan que en menos de tres meses, del 15 de mayo a los primeros días de agosto, se detuvo o abatió a ocho de los 14 líderes del narcotráfico que fueron señalados como “objetivos prioritarios”. Además de que “disminuyeron los delitos”.

Sin embargo, para la sociedad civil sólo se trata de una estrategia mediática que no va a la raíz del problema: combatir la corrupción de funcionarios ligados con el crimen.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ejemplifica que ejecuciones, balaceras, incendio de lotes de autos y locales comerciales, bloqueos de vialidades con vehículos pesados, crímenes de alto impacto —entre ellos dos jefes militares en funciones policiacas y el asesinato de una tuitera que colaboraba en la comunidad Valor por Tamaulipas— ensombrecieron prácticamente todas las regiones de la entidad.

Reacomodos. A raíz de los reacomodos en organizaciones del “Cártel del Golfo” y de “Los Zetas”, ajustes de cuentas internos, así como enfrentamientos entre bandas rivales o con fuerzas del Estado, a partir del segundo trimestre se disparó la violencia pues, según el SNSP, de 67 homicidios dolosos ocurridos en enero, 86 en febrero y 57 en marzo, la cifra se elevó a 128 en abril, 168 en mayo y 85 en junio. Luego se presentaron 57 en julio, 67 en agosto, 66 en septiembre, 80 en octubre, y 44 en noviembre, para un total de 905 víctimas directas de homicidios dolosos en los primeros 11 meses del año.

De acuerdo con el reporte oficial, en homicidios dolosos, el primer lugar lo ocupó el Estado de México con dos mil 51 víctimas; Guerrero quedó en segundo con mil 394; seguido por Chihuahua, con mil 184; Jalisco 939, y Tamaulipas terminó quinto con 905 víctimas.

Sin embargo, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, Tamaulipas tenía tres millones 268 mil 554 habitantes, mientras que el Estado de México tenía más de 15 millones 175 mil habitantes, Guerrero más de tres millones 388 mil, Chihuahua arriba de tres millones 406 mil pobladores, y Jalisco más de siete millones 350 mil habitantes.

Asimismo, durante el periodo enero a noviembre de 2014, Tamaulipas registró 538 víctimas de secuestro, superando al Estado de México, que contabilizó 186; mientras Veracruz quedó en tercer lugar con 150 plagios.

En lo referente al delito de extorsión, el Estado de México tuvo 1,042 denuncias, Jalisco 696, el Distrito Federal 607, Nuevo León 357, Morelos 340, Michoacán 275, y Tamaulipas 241 casos para ocupar el séptimo lugar nacional.

Estrategia federal. El recrudecimiento de la violencia en la entidad hizo que el gobierno federal volteara hacia el estado y el 13 de mayo pasado anunció la segunda fase de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas.

La estrategia se basaría en desarticular las organizaciones delictivas, sellar las rutas de tráfico de personas, drogas y armas; además de “garantizar instituciones de seguridad confiables y suficientes”, con una mejor capacitación y depuración de malos elementos.

El titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, anunció la división del estado en cuatro zonas, la intensificación de las revisiones en aeropuertos, carreteras y penales, además de realizar una campaña contra los giros negros, y mayor presencia de fuerzas federales, con el despliegue de militares a los 43 municipios del estado.

Antonio Gutiérrez Lugo, coordinador regional de la Policía Federal, reportó que la institución tenía desplegados en el territorio tamaulipeco aproximadamente dos mil elementos de las seis divisiones que conforman la corporación, auxiliados con 600 patrullas y cuatro helicópteros.

En agosto, a tres meses de anunciada la nueva estrategia, los gobiernos federal y estatal anunciaron la captura o abatimiento de ocho de los 14 “objetivos prioritarios” de los cárteles del “Golfo” y de “Los Zetas”.

Frente a la actitud de las autoridades que hablan de avances, Ramos Vázquez sostiene que “es lo mismo que hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón; creyeron que con llenar de soldados, marinos y policías federales a Tamaulipas iba a disminuir la violencia”, pues a pesar de todo el despliegue de fuerzas federales “hoy Tamaulipas está entre los primeros cinco estados en secuestros, homicidios dolosos y desapariciones”.

Por más soldados, marinos o policías que se desplieguen seguirá esta violencia mientras no se combata la corrupción que permea en la clase política, y mejorará la situación cuando detengan a personajes como el ex gobernador Tomás Yarrrington, y se giren órdenes de aprehensión contra los funcionarios que están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero, pero aquí no se les toca, y cuando se castigue a las fuerzas federales que cometen violaciones a los derechos humanos, explicó.

Comentó que en Tamaulipas se han invertido más de 10 mil millones de pesos en seguridad pública durante las dos últimas administraciones, pero se siguen padeciendo los mismos problemas que hace 10 años.

“Vemos que la seguridad es más bien un negocio por lo que representa la adquisición de armas, vehículos y equipamiento, está convertida en un barril sin fondo, es dinero tirado a la basura”, señaló Ramos Vázquez.