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Con el ingreso a localidades de Chilpancingo, en enero pasado, las policías comunitarias y ciudadanas tienen presencia en 47 de los 81 municipios de Guerrero. Esto significa que 2 millones 548 mil 886 personas viven bajo este modelo de seguridad, lo que representa 72.33% de la población del estado.

De estos municipios con policía comunitaria, 38 reportan “una baja cohesión social”. Sin embargo, nueve de éstos están excluidos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pese a su alto grado de marginación y de rezago social, como lo admiten reportes de las autoridades federales y el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública para el estado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante el año 2013.

Apaxtla de Castrejón, Azoyú, Cuajinicuilapa, Cualac, Cuetzala del Progreso, Juchitán, Pedro Ascencio Alquisiras, Tepecuacuilco de Trujano y Xochihuehuetlán son ayuntamientos que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), están considerados dentro del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) —que incluye a mil 81 municipios del país— con niveles de alta y muy alta marginación y rezago social.

De acuerdo con las reglas de operación, los objetivos del PDZP son básicamente dos: aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria, por medio de la rehabilitación, y la ampliación de la infraestructura social básica y el mejoramiento de la vivienda, y contribuir a la reducción de las desigualdades regionales en localidades y municipios de alta y muy alta marginación, con rezago social o con fuerte concentración de pobreza.

Localidades como Cualac, en la región de La Montaña —una de las siete en que se divide la entidad y que en la que hay una cobertura casi total de policías comunitarios, según el informe de la CNDH publicado en diciembre pasado—, es un municipio con alta presencia indígena, “factor que junto con la pobreza que caracteriza a la población de esa zona radicaliza su marginación”.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, tiene una población de 7 mil 007 habitantes. La cobertura asistencial es de un médico por cada mil 363 habitantes en este lugar. La Sedesol lo considera un municipio con niveles de marginación y de rezago social altos.

Otro ejemplo es el ayuntamiento de Pedro Ascencio Alquisiras, con 6 mil 978 habitantes, en la región Norte, considerado un municipio expulsor de migrantes. El reporte del gobierno federal lo ubica con un nivel muy alto de marginación y de rezago social.

En su análisis, la CNDH advirtió un abandono social y el “incumplimiento por parte del Estado de garantizar condiciones mínimas de subsistencia digna” en Guerrero.

“Esto es relevante, porque la situación de pobreza, marginación y exclusión en Guerrero impide el disfrute de un catálogo amplio de derechos humanos a sus habitantes (...) En los municipios con presencia de grupos de autodefensa o comunitarios la observancia de la legalidad no es la norma, y las condiciones de marginalidad y exclusión son una muestra más del abandono institucional que han padecido”, indica el reporte.

La primera incursión

Tres regiones de la entidad registran alta presencia de policías comunitarios: Costa Chica, Costa Grande y La Montaña. En ellas destacan los grupos de la Cordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG).

El avance de estos grupos de autoprotección no se ha detenido en esta entidad de 3 millones 523 mil 858 habitantes. De acuerdo con el informe de la CNDH, hasta finales del año pasado eran 46 los municipios guerrerenses con presencia de policías comunitarios.

Pero para el 24 de enero pasado, grupos de la policía ciudadana de la UPOEG, encabezados por su líder Bruno Plácido, hicieron su primera incursión en comunidades conurbadas de la capital del estado.

A finales de enero, un grupo de 900 policías ciudadanos ingresaron a las comunidades de los Valles del Ocotito, a petición de los pobladores que demandan frenar “los secuestros y las extorsiones”.

Ayer, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP) anunció que entregó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) la solicitud para la asesoría y la formación de este cuerpo policiaco los bienes comunales de Cacahuatepec, en municipio de Acapulco, donde Xaltianguis tiene esta figura.

Aseguró que en alrededor de 15 días pueden ya estar formados los primeros grupos y se harán patrullajes en sus poblados.