Para que la administración estatal pueda pagar adeudos a aproximadamente mil 500 proveedores diversos, compañías constructoras, de materiales y prestadores de servicios, el pleno del Congreso local autorizó, al gobierno de Coahuila a contratar uno o varios préstamos bancarios hasta por 2 mil 500 millones de pesos.

Los créditos serán obtenidos por el estado a través de la Secretaría de Finanzas, y deberán pagarse en un plazo máximo de cuatro años, establece el dictamen de la Comisión de Finanzas, avalado por mayoría de votos de la plenaria en la sesión de este martes.

La deuda que recibió este gobierno de Rubén Moreira fue de casi 36 mil millones de pesos (con lo que ha abonado a capital y sin contar los réditos que han saldado por el costo del débito, pero bajó a 34 mil 400 millones de pesos y ahora aumentará a cerca de 36 mil 900 millones.

Tan pronto se reciba el dinero inmediatamente, el Gobierno estatal empezará liquidar lo que debe, se estima que sería en un plazo de dos, máximo.

El dictamen recibió 22 votos a favor y dos en contra de los dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Edmundo Gómez Garza y Fernando Simón Gutiérrez Pérez. Son 25 parlamentarios, pero faltó a la sesión el presidente de la Gran Comisión, el diputado Eliseo Mendoza Berrueto (PRI).

Los panistas Gómez Garza y Gutiérrez Pérez se opusieron al asegurar que será un crédito ilegal, porque no se puede contratar financiamiento para saldar pasivos; legisladores de varios partidos defendieron el dictamen.

Simón Hiram Vargas Hernández de Nueva Alianza (NA), Jorge Alanís Canales (PRI) y José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM), subieron a tribuna y cada uno en su oportunidad, reviraron a los albiazules, les dejaron claro que el dinero es para reestructurar cobros vencidos, recapitalizar los negocios, recuperar empleos y hacer justicia porque son empresarios y comerciantes a quienes se les debe y se les tiene que pagar.

"Dicho financiamiento o financiamientos deberán ser destinados al pago de ciertos pasivos determinados, derivados de la adquisición de bienes y de la contratación de obras públicas y servicios relacionados con inversiones públicas productivas, independientemente de las condiciones pactadas en relación al vencimiento, plazo y forma de pago o cualquier otra", precisa el documento.

El dinero que pedirán prestado a Banorte, Interacciones, Multiva y otros bancos, es para saldar cuentas que se quedaron a deber en los años 2010, 2011 y 2013 correspondientes a las administraciones del ex gobernador, Humberto Moreira Valdés, su interino Jorge Torres López y el actual Rubén Moreira.

Cifras proporcionadas por el secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, indican que en total se adeudan 3 mil 500 millones de pesos a proveedores y los otros mil millones que faltan los obtendrán de otro fideicomiso.

El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

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