El gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó y envió al Congreso estatal la iniciativa de decreto mediante la cual se despenalizaría el aborto y por la que se modificarían, reformarían y adicionarían disposiciones al Código penal del estado y a la ley número 1212 de Salud local.

Dicho convenio fue firmado también por el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, el procurador Iñaki Blanco Cabrera y la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera.

Aguirre aseguró que con dicha iniciativa el gobierno del estado confirma su política democrática e interés para que cada mujer decida sobre su cuerpo, pues señaló que el decreto tiene como eje toral la salud pública y el derecho de las mujeres, porque varios de los decesos se deben a que los abortos son practicados de manera clandestina.

Durante la firma de la iniciativa, que se llevó a cabo en el salón Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno, Martínez Garnelo expuso los principales puntos de la iniciativa.

Detalló que las adecuaciones y adiciones que sufriría la Ley 1212 de Salud serán con el fin de establecer la obligación de las autoridades de salud de proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo.

Además de "regular la objeción de conciencia y la obligatoriedad del médico de referir a la paciente con quien no sea objetor; así como el interés prioritario de la capacitación y los programas de servicios de salud para evitar embarazos no deseados y/o no planeados".

Mientras que en el Código Penal, en la parte referente a los "Delitos Contra el Individuo, Titulo I, Delitos Contra la Vida y la Salud Personal, Capítulo V, denominado Aborto" se adiciona como excusa absolutoria no punibles para el "delito de aborto", "cuando el aborto sea resultado de una conducta no culposa de la mujer embarazada", lo que determina la libertad de que ésta decida sobre la concepción.

Anteriormente, el Código penal sólo excusaba un aborto cuando el embarazo era resultado de una violación o de una inseminación artificial forzada; cuando a juicio de dos médicos existía la razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, ahora con este decreto además de éstas, se agrega la libertad de la mujer a decidir.

En las justificaciones del decreto se menciona que en el estado entre 2000 y 2008, hubo 141 mujeres muertas por 100 mil hospitalizadas, por abortar en condiciones insalubres o de manera clandestina, lo que significa la incidencia más alta de todo el país, para un promedio nacional de 48 muertes por 100 mil.

spb