La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local previó el incremento de hechos delictivos y de inseguridad en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, a consecuencia de la desarticulación que se pretende realizar en los grupos civiles de autodefensa.

El diputado presidente de esta Comisión, Jorge Salazar Marchan, reconoció que a través de sus sistemas de justicia las policías comunitarias y los grupos civiles de autodefensa lograron disminuir los niveles de violencia e inseguridad en sus zonas de demarcación.

Aseguró que el problema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) "ya se veía venir", inclusive -dijo- que se avizoraba un enfrentamiento entre grupos civiles, lo cual no se atendió por las autoridades y se dejaron crecer las inconformidades que se generaron en el municipio de Olinalá.

Señaló que a la Comisión de Derechos Humanos le preocupa que los gobiernos federal y estatal estén asumiendo una "represión selectiva" para debilitar a la policía comunitaria, a través de la detención de su coordinadora en el municipio de Olinalá, región de La Montaña de Guerrero, Nestora Salgado García.

El diputado local por el Partido del Trabajo (PT) señaló que es evidente la división que existe entre las diferentes casas de justicia que se rigen por la CRAC, tan es así que hasta el momento no han asumido ninguna postura de apoyo, respaldo y solidaridad por la detención de sus compañeros de Olinalá y Ayutla.

Criticó que las fuerzas públicas de seguridad no estén atendiendo los problemas de inseguridad que existen en el estado, y que lejos de desarmar y someter a los grupos delictivos, estén actuando en contra de los ciudadanos que han tomado la iniciativa de garantizar y ofrecer una opción de seguridad a su población.

Comentó que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local solicitará al gobierno del estado atender el problema con los grupos de autodefensa con sensibilidad y respeto a las garantías individuales de los ciudadanos.

spb