Buenos Aires

Era el momento para el que se preparó toda su carrera. Alberto Nisman se veía ansioso y exultante, y sus allegados e interlocutores lo notaban. Nervioso y a la vez feliz. Los 17 años de trabajo en la investigación del peor atentado en la historia de Argentina, el perpetrado en 1994 contra la mutual judía AMIA, con saldo de 85 muertos, no le alcanzaban aún al fiscal argentino para dar con los culpables y terminar de esclarecerlo, pero sí para dar un giro histórico y terminar con el último manto de impunidad con el que se estaba cubriendo la causa.

Sin embargo, Nisman no llegó a ver plasmado su trabajo. Su muerte, el pasado domingo, y sobre la que cada vez hay más dudas y sospechas, se ha convertido en el talón de Aquiles de la democracia argentina. Y su denuncia con 543 folios contra la presidenta, Cristina Kirchner; el canciller, Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y dos dirigentes sociales, queda ahora como una pieza inconclusa e histórica.

Excelente profesional e hijo de un matrimonio de clase media, Nisman se costeó sus estudios de abogado trabajando como empleado en los tribunales de la capital federal. Su formación universitaria fue sacrificada, pero logró graduarse con promedio de 8. Lo suficiente para iniciar una carrera en el poder Judicial, que lo llevaría de un departamento jurídico a otro de la capital al Gran Buenos Aires.

La causa AMIA ocupó los últimos 17 años de su vida profesional y como un sino maldito de la Justicia argentina, ahí sigue por dilucidar. Desde 1994 a la fecha, diversos jueces y fiscales han pasado por este caso; varios ministros han sido procesados; dos presidentes han sido acusados de encubridores. Ahora, Nisman se ha convertido en el muerto número 86 de aquel temible ataque, que sacude hasta hoy las estructuras políticas de la Argentina.

Sus colaboradores recuerdan a Nisman como un hombre de conversación larga y muy afecto al trabajo. Los familiares de las víctimas del atentado lo tenían como su única esperanza de que algún día se pudiera conocer la verdad y los culpables pagaran por sus crímenes.

Nisman llegó a la fiscalía que investigaba la causa en 1997 y fue después del descalabro del menemismo y del juicio político al juez Alberto Galeano, a cargo de la investigación en los primeros ocho años, cuando el entonces mandatario Néstor Kirchner creó la fiscalía especial y lo designó al frente. Por entonces, su relación con el poder y, principalmente, con el matrimonio presidencial era perfecta. Eran los días en que el gobierno había tomado la bandera de los derechos humanos y del esclarecimiento de la causa AMIA como los estandartes de su construcción política. Nisman no dudaba en incriminar desde la fiscalía a todos los enemigos de la pareja del poder.

Los años y las volteretas políticas del gobierno lo llevaron a las antípodas en su relación con la autoridad, algo que terminó colocándolo en la peor posición en la que podía encontrarse un hombre de sus responsabilidades: a merced de un disparo letal.

Tenía 51 años y una hoja de vida profesionalmente brillante, una ex esposa, Sandra Arroyo Delgado, jueza reconocida en la zona norte del Gran Buenos Aires, y dos hijas a las que protegía por sobre todas las cosas.

Pero la causa AMIA lo obsesionaba, no sólo por la importancia del caso sino también por los orígenes judíos del fiscal.

Uno de los hombres que pudo haberlo llevado al momento en que se encontró entre el sábado en la tarde y el domingo en la tarde, Antonio “Jaime” Stiusso, el agente de inteligencia más avezado y más cuestionado del país, fue su mejor compañero a lo largo de su trabajo en la fiscalía especial.

El propio Néstor Kirchner fue quien designó a Stiusso, el hombre que más y mejor sabe de lo que pasó en AMIA y de cómo y por qué murió Nisman y al que llamativamente nadie, ni jueces, ni fiscales, han llamado a declarar hasta ahora.

Fue Stiusso quien aportó a Nisman las grabaciones según las cuales, el gobierno de Cristina Kirchner encubrió a los presuntos autores iraníes del atentado contra la AMIA. Stiusso fue desplazado de su cargo el 17 de diciembre, después de 35 años de actividad en la Secretaría de Inteligencia.

Desde que Nisman asumió su cargo en la fiscalía especial, avanzó con lo que denominó “la pista iraní”, dejando de lado las pistas que conducían hacía un grupo sirio. En 2008 pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y del ex juez Galeano por haber falseado y destruido pruebas y haber construido una causa que no existió contra tres ex policías y un ex ladrón de autos.

El nombre de Nisman comenzó a circular como posible procurador general de la nación cuando Cristina K. desplazó del cargo a Esteban Righi. Hasta allí su relación con el gobierno parecía perfecta, casi indestructible, a decir por lo que reveló uno de los memorándums difundidos por el portal de filtraciones WikiLeaks, según el cual, la decisión de Nisman de perseguir a Menem en la causa AMIA era para congraciarse con la presidenta.

La ruptura ocurrió a comienzos de 2012, cuando trascendió que el gobierno comenzaba a negociar con Irán un memorándum de entendimiento, que terminó plasmado en enero de 2013. Fue entonces cuando Nisman comprobó que su trabajo de años caía en las redes de la política. El fiscal vio cómo la influencia de Caracas y principalmente del presidente Hugo Chávez para acercar al gobierno con Irán, ahogaban sus pretensiones de encontrar a los culpables. El gobierno terminó acordando retirar las alertas rojas de Interpol contra los funcionarios iraníes sospechosos de estar detrás del atentado a cambio de un acuerdo comercial de petróleo por granos.

El pasado 15 de enero, después de volver raudamente de sus vacaciones, Nisman presentó la denuncia que escandalizó al país y al mundo. En 356 hojas desgranó las pruebas de un pacto de encubrimiento que dejó a la presidenta Kirchner y su gobierno en el ojo del huracán.

Todo se convirtió en el tipo de “Watergate” judicial para el que Nisman pareció haberse preparado en los últimos 17 años. Pero el domingo pasado, un día antes de presentar las pruebas en el Parlamento, el fiscal apareció muerto de un balazo en el baño de su departamento.

La Justicia argentina investiga si se trató de un suicidio o un crimen. Por lo pronto, todo indica que Nisman quedó atrapado en una guerra sin cuartel en el seno de la Secretaría de Inteligencia, de la que el gobierno es el máximo responsable. El fiscal no pudo seguir avanzando. Había llegado demasiado lejos.